Hemos pedido información al Gobierno de Aragón relativa a las medidas de protección de la víctima y protocolos especiales de actuación por acciones de violencia de género en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) del Gobierno de Aragón. “Queremos saber cómo se está garantizando los servicios desde la seguridad hasta la propia gestión de los puntos de encuentro”, señala nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, quien ha solicitado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que detalle, además de estas acciones, en cuántas ocasiones se han tenido que aplicar protocolos especiales de actuación para garantizar la integridad física de usuarias desde el pasado abril de 2016.
Cabe recordar que el funcionamiento de los PEF está regulado por Decreto y su artículo 20 referencia específicamente la intervención en casos de violencia de género, indicando: En caso de violencia de género, el equipo técnico del PEF velará por la seguridad de la víctima y del menor en sus dependencias, pudiendo acordar las medidas que considere oportunas e incluso, si fuera necesario, la suspensión de la intervención, para asegurar la integridad física o psíquica de ambos. Y un punto 2 que recoge que: Las autoridades competentes establecerán protocolos especiales de actuación para garantizar que los usuarios afectados por acciones de violencia de género dispongan de las medidas adecuadas para asegurar la integridad física de las víctimas.
Cumpliendo con lo establecido, cada uno de los PEF diseña e implementa un protocolo de actuación en casos de violencia de género, adaptado y adecuado a sus características propias, a fin de adoptar las medidas de seguridad adecuadas y conformes a las posibilidades de intervención. El Punto de Encuentro Familiar es el encargado, por orden judicial, de dar respuesta al cumplimiento del régimen de visitas establecido, garantizando el respeto a las medidas de alejamiento e incomunicación acordadas.
Hacemos un seguimiento del correcto funcionamiento de los Puntos de Encuentro para que dé la mejor respuesta y siempre velando por la seguridad y el interés del menor, que tiene que estar siempre en un nivel superior incluso a los intereses los progenitores.
Así, Patricia Luquin ha preguntado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales si las usuarias y usuarios de los PEF están informados de sus derechos y deberes así como de si existe un organismo y/o espacio de la Administración Pública Autonómica o de la Administración de Justicia y en caso afirmativo, detalle si se lleva un registro de las quejas, sugerencias o cuestiones realizadas por las personas usuarias.
Por último, la diputada se ha interesado por los casos los casos en los que ha habido que adoptar medidas de seguridad y/o protocolos de protección de víctimas, si el Departamento competente es conocedor de los mismos y cuál ha sido su respuesta.