La gran emigración que se está produciendo hoy en día desde España hacia otros países del mundo, principalmente del norte de Europa, es un hecho incontestable. Tanto es así que los partidos políticos -PP y PSOE fundamentalmente- que hasta hace pocos meses negaban esta evidencia, o le restaban importancia, se apresuran ahora a dedicarle un lugar privilegiado en sus campañas electorales.
Pero la emigración no es un asunto que pueda abordarse fácilmente desde un despacho, ni para el que puedan improvisarse unas cuantas soluciones, o mejor dicho, anteproyectos de solución, a fin de arañar votos. Al contrario. Para saber de qué se trata, uno tiene que haber probado el trago amargo del exilio económico .así como la incertidumbre y las dificultades que este trance conlleva.
Por ello, desde Izquierda Unida en Francia y con la experiencia que nos proporciona nuestra condición de emigrantes, defendemos la campaña llamada “Emigración Digna”. En ella exponemos una serie de propuestas destinadas a mejorar la situación que atraviesan las personas que han tenido -y que aún tienen y tendrán- que abandonar nuestro país en busca de una vida digna.
Nuestra primera propuesta es la derogación del “Voto rogado”, procedimiento aprobado en 2011 por el PP y el PSOE con el apoyo de CIU, que en las pasadas elecciones europeas obstaculizó o impidió el ejercicio del voto a cerca de un millón y medio de españoles residentes en el extranjero. El “Voto rogado” es, por tanto, una clara violación del artículo 23 de la Constitución Española.
Entre otras medidas relativas al voto, proponemos también la ampliación de los plazos de inscripción en los censos de los consulados y la implantación de un sistema de votación electrónica mediante el certificado digital, como ya utilizan otros países europeos como Bélgica o Estonia. En tercer lugar, nos posicionamos a favor de la creación de una circunscripción electoral en el exterior, que serviría para que los millones de españoles que residen en el extranjero tuvieran su correspondiente peso político en nuestro sistema electoral. En la actualidad, la representación del voto emigrante es proporcionalmente muy inferior a la que debería tener, y se estima que, si se contabilizase justamente, el voto emigrante podría decidir los resultados de unas elecciones generales.
Igualmente consideramos el derecho de los emigrantes a regresar a España en unas condiciones dignas. Para tal fin proponemos la creación de un “Plan de Retorno” que contenga políticas específicas de empleo, ayudas para el alquiler y la adquisición de la primera vivienda, además de la consideración de la experiencia y de los méritos adquiridos en la actividad laboral desarrollada en el extranjero.
En el plano sanitario defendemos asimismo que las personas emigrantes tengan asegurada la asistencia médica gratuita hasta que adquieran los derechos similares en los países de destino. De este modo se evitarían las trabas administrativas que sufren muchos emigrantes en el proceso de establecimiento en los países de acogida, y podrían tratarse con mayor rapidez los problemas urgentes de salud.
Finalmente, a nivel autonómico y/o municipal proponemos la apertura de una “Oficina de la Emigración”, en la que se asesore a los emigrantes sobre las condiciones de vida y de trabajo en los países de destino, y donde se agilicen trámites y se gestionen planes de asistencia familiar.
A estas medidas hay que añadir el trabajo que realizamos con movimientos sociales como la “Marea Granate” o con asociaciones como la FACEEF. No en vano, parte de los militantes de IU-Francia llevan más de medio siglo defendiendo los derechos de los emigrantes españoles en este país.
Gonzalo Gómez, Francisco Vicente, Marta Bernad, Alejo Beltrán y Natalia Ruiz-Poveda, de Izquierda Unida en Francia