Esta mañana nuestro portavoz, José María Martínez, ha defendido como sigue, ante el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, la moción presentada desde Izquierda Unida sobre la interrupción voluntaria del embarazo:

Fundamentalismo contra responsabilidad

Programa electoral del PP en 2011: Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Estas son las palabras del programa electoral del PP en 2011, que dan lugar a la ley que ahora se quiere aprobar. Volver a una ley de supuestos, eliminando uno de ellos, responsabilizar a los padres de los posibles abortos de las hijas, e intentar que quienes vayan a la cárcel por ello sean los sanitarios, en lugar de las mujeres, son, en resumen, los cambios más importantes que trae la nueva ley.

En una de las manifestaciones que se han celebrado últimamente, una persona llevaba una pancarta que explicaba en una frase lo que está pasando con este tema. Decía la pancarta: “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”.

Me gusta debatir sobre los temas, y pero me gusta llegar al meollo de las cuestiones, no discutir sobre los distintos envoltorios que le ponen muchos grupos para no hablar de lo fundamental.

¿Qué es lo fundamental? Hay personas, hay grupos humanos, entre otros la Iglesia Católica, que piensan que dos células unidas es ya una vida humana, y hay que protegerla al mismo nivel que a una persona.

Me sorprende que esa misma Iglesia Católica obligue a sus fieles, bajo pecado mortal y condena eterna, a que toda relación sexual, que además sólo debe hacerse dentro del matrimonio, esté abierta siempre a la concepción de la vida. No sé si serán muchas o pocas personas las que hagan caso a la Iglesia en este asunto, pero una forma de evitar algunos abortos sería permitir el uso de métodos anticonceptivos. Decidir el uso o no de anticonceptivos es hacer el amor con responsabilidad. Dejar abierta toda relación a la fecundación, es actuar irresponsablemente.

La medicina nos dice que hasta la semana 12 ó 14 no existe actividad cerebral en el feto, que hasta los cinco meses y medio o seis éste no es viable aún, y sólo en el último tramo del embarazo se puede hablar de posibilidades de vida fuera del vientre de la madre. El Código Civil, por ejemplo, exige 24 horas de vida independiente para poder inscribir al recién nacido en el Registro, es decir, para considerarle con los derechos de un ser humano. Y no es que planteemos el aborto libre en todo momento, sino con plazos, cubierto por la Seguridad Social y con control sanitario efectivo.

Quienes no pensamos que dos células son vida humana aún, con los mismos derechos que una persona, entendemos que alguien pueda sostener esa teoría, pero eso no ocurre en sentido contrario. Es decir, que quienes piensan que dos células ya son protegibles como una vida humana, no permiten que otras personas podamos pensar diferente, y pretenden obligarnos a aceptar las consecuencias de su teoría. Aceptar o no un futuro hijo es también actuar con responsabilidad, porque las consecuencias de todo tipo hay que poder asumirlas, y no siempre se puede. Y ¿Quién mejor que la futura madre para decidirlo? ¿El confesor está mejor preparado?

Cuando una persona o un grupo humano tienen una creencia determinada, sea cual sea, son creyentes. Cuando esa persona o ese grupo humano pretenden imponer una determinada creencia a los demás, eso es fundamentalismo. Esta es más o menos la reflexión a la que llega también el señor Monago, presidente de Extremadura por el Partido Popular.

Porque estamos hablando de una ley de obligado cumplimiento para todos y todas, incluso a quienes no pensamos así. Eso no ocurría con la ley anterior, que no obligaba a nadie a abortar, es decir, no obligaba a nadie a actuar contra sus creencias.

También, y por tercera vez, hay que hablar de responsabilidad. Gallardón, para intentar ganarse, creo que infructuosamente, el apoyo de las mujeres, no las hace responsables de una decisión que generalmente toman ellas. Los responsables para esta ley son quienes ayudan a la persona que ha tomado la decisión. Esto es un disparate jurídico, o cuando menos es un disparate lógico. La persona que toma la decisión es la que debe cargar con la mayor culpa, si la hubiera.

A la primera ley de supuestos, la de 1983, le interpusieron 54 diputados y senadores de la derecha un recurso de inconstitucionalidad. La sentencia a ese recurso, la 53/1985 del Tribunal Constitucional, dice que en la interrupción voluntaria del embarazo, chocan dos derechos: Un bien protegido que representa el feto, que no tiene el derecho constitucional a la vida, y un derecho constitucional, que es derecho de la mujer a su propia vida. Por eso prevalece en determinados supuestos la decisión de la mujer. Y digo en determinados supuestos, porque el ministro Gallardón no ha esperado a la sentencia del constitucional a la ley de plazos que aprobó el PSOE en 2010, para ver si el alto tribunal la acepta. El razonamiento que utilizó el Constitucional en 1985, parece avalar la ley de plazos, aunque aún no se ha pronunciado.

Quiero decir con ello que el Tribunal Constitucional dice que abortar puede ser legal, lo que impediría una ley totalmente restrictiva con la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es importante, para saber entre qué límites legales podemos movernos. La Iglesia Católica acaba de decir que esta ley del aborto no es la suya, intentando esconder que toda esta movida parte de las movilizaciones que ella ha dirigido y promovido.

Una vez que el Constitucional ha decidido que no puede aceptarse legalmente una prohibición total de los abortos, el debate debe transcurrir, como mínimo, acerca de que en qué condiciones las mujeres pueden abortar.

La ley de Gallardón obliga a las mujeres a parir monstruos por obligación, ya que anula el tercer supuesto de la ley de 1985, el de malformaciones graves del feto. Esto es otro disparate de tamaño descomunal. ¿Quién puede obligar a una mujer a dar a luz a un niño deforme, o con problemas psíquicos graves? Sólo el fundamentalismo.

Claro, también está la propuesta de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, que dice que las graves malformaciones se pueden enmascarar como grave daño psíquico para la madre. No se puede ser más cínico. Quitar el tercer supuesto y decirnos después que hagamos trampas.

La ley Gallardón tiene al menos dos contradicciones en sí misma:

La primera contradicción es invocar al derecho a la vida del nasciturus para el caso de las malformaciones del feto, pero no invocarlo en el caso de violación. En el primer caso se habla del derecho a nacer de todos los fetos, incluso con malformaciones, y en el segundo caso esos fetos no tienen derecho a nacer. Pareciera que en este último caso la situación personal de la madre tiene más peso que el derecho a la vida del feto, lo que contradice la teoría que sustenta esta ley.

La segunda contradicción es permitir la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina para incumplir esta ley, pero no permitir la objeción de conciencia de las futuras madres a lo mismo.

Finalmente, las menores van a necesitar permiso de sus padres para poder abortar. La reflexión que hago es la siguiente: ¿Quién va a ser la responsable en el futuro de ese bebé? ¿No va a ser la joven? Pues ¿Por qué se le quita el poder de decisión sobre algo que marcará indudablemente su vida? De nuevo hay que hablar de responsabilidad.

Pero hay que ir también a las causas y los objetivos de esta ley. ¿Por qué es necesaria la modificación de la ley? ¿Es que han subido mucho los abortos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de su promulgación?

Parece ser que esta ley se promueve porque dice el ministro que estaba en su programa electoral. Tiene narices que el único cumplimiento de su programa sea éste. Aunque, como he leído al principio, su programa electoral no hablaba exactamente de esta ley, sino de modificar los abortos de las jóvenes menores de edad y poco más.

¿Es que ha subido mucho el número de abortos? Según nuestras noticias el último año han bajado un 5 %. En todo caso, repasando el número de abortos que hay al año, se observa que el número no varía sustancialmente al modificar las leyes. Lo único que varía es la seguridad jurídica de quienes deciden abortar. Abortar no es ir de fiesta, es un mal trago, por lo que quienes deciden hacerlo, ninguna ley ni la ausencia de ella les va a detener. Nunca les ha detenido.

Si se disminuye o anula la seguridad jurídica, aumentarán los abortos clandestinos, aumentarán los costes de los abortos, porque habrá que ir al extranjero para ello, con la consecuencia clasista de que será más penoso y peligroso para las familias más pobres.

Pero hay más cosas. Una ley que obligase a todas estas mujeres a dar a luz, necesitaría de medidas sociales para atender como se merecen a esas algo más de 100.000 criaturas que nacerían de más cada año, y si sus madres no les quisieran alguien les debería atender. No hay ninguna medida al respecto. Y esto sí que lo decía el programa electoral del PP.

Finalmente, el derecho al trabajo de las embarazadas no está suficientemente protegido. A muchas de ellas las echan de sus empresas cuando se enteran de que lo están. Personalmente, lo he constatado en una persona muy próxima a mí este asunto. Muchos empresarios emplean la normativa laboral actual, y utilizaban también la anterior, para echar del trabajo a las mujeres que quedaban embarazadas, impidiendo así, de hecho, el derecho de la mujer a tener un hijo. Y el segundo de a bordo de Gallardón, de cuyo nombre no quiero acordarme, echó a su secretaria hace unos años cuando se enteró que estaba embarazada.

La ley Gallardón ha destapado discrepancias en el propio grupo Popular, como la actual delegada del gobierno en Madrid, el alcalde de Valladolid, el presidente del PP del país vasco, el presidente de Extremadura y otras varias conocidas.

También es de destacar que en todos los países de nuestro entorno hay leyes de plazos, incluso con partidos gobernantes conservadores. Pero no son fundamentalistas. Esa es la diferencia. Que no intentan imponer su pensamiento a los demás.

En definitiva, con todos estos antecedentes ¿Quién es capaz de juzgar y condenar a una mujer que decide abortar? O lo que es lo mismo ¿Quién es capaz de impedir abortar a una mujer que toma esa decisión, en un mundo injusto y desigual como el nuestro? ¿No podéis entender que hay quien piensa honestamente de modo diferente?

Tenemos que impedir que el fundamentalismo gobierne en España.

No podemos dejar, como quiere la Iglesia, nuestra vida al azar. Tiene que haber sexo responsable, maternidad responsable y decisiones responsables.

Esta ley es contradictoria, retrógrada y fundamentalista. Por eso exigimos que se retire este proyecto de ley, y se facilite la decisión de las mujeres para ser o no madres, con seguridad jurídica y sanitaria.