La portavoz de IU en la Diputación de Teruel, Amor Pascual, pedirá en el próximo pleno que se inste al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a incrementar la duración de los contratos de los/as trabajadores/as del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos hasta los 10 meses. Así lo establece la Ley de Montes de Aragón, a fin de luchar contra los problemas de despoblación y el envejecimiento de la población, como así se recogió en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, garantizando de este modo una adecuada conservación y mantenimiento del medio ambiente aragonés.
Varias comarcas turolenses vienen albergando la base de una cuadrilla de extinción de incendios forestales desde la creación de este sistema por el antiguo ICONA en la segunda mitad del pasado siglo. Diferentes generaciones han trabajado en las mismas así como en las choperas, pinares o viveros a lo largo de todos estos años, habiéndose perdido gran parte de los “jornales” que anualmente se invertían entonces por la administración forestal. Por ello, plenamente conocedores de la precariedad actual de los puestos de trabajo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos y de la importancia que tiene cada puesto de trabajo para las zonas rurales, y sabedores de que la mayor parte de los mismos se nutren de fondos europeos, vemos la importancia de que estos puestos de trabajo se mantengan en los municipios de Aragón, con un mínimo de meses que permita al trabajador/a y su familia vivir en las zonas rurales aragonesas.
Entendemos así, que la voluntad expresada en la Ley de Montes de Aragón en su artículo 102.2., estableciendo que “El departamento competente en materia de medio ambiente adoptará anualmente las medidas convenientes para conseguir que se alcance una estabilidad laboral de al menos diez meses en las cuadrillas forestales” ha de ser efectiva, debiéndose de establecer estos 10 meses de trabajo para los empleados del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos dispersos por todas las zonas de Aragón.
A su vez, la misma Ley también recoge en su introducción tanto el papel social como ambiental de nuestros montes, estableciendo que “cumplen una importante función social, por lo que las Administraciones públicas aragonesas están obligadas a garantizar que generen los mayores beneficios posibles. Es obvio que el aprovechamiento racional de los montes contribuye al desarrollo del País. Por ello, los montes deben ser considerados infraestructuras naturales básicas de Aragón y, por lo tanto, las Administraciones Públicas deben destinar los medios materiales y humanos necesarios para que los montes cumplan estas importantes asignaciones ambientales”.
Entendemos también que estos puestos de trabajo son una pieza clave tanto para el medio ambiente como para la lucha contra la despoblación y el envejecimiento de numerosas zonas de nuestra Comunidad, donde recientemente se han declarado como desierto demográfico de algunas de sus comarcas. Asunto clave este último para nuestro territorio como así lo recoge el propio Gobierno de Aragón promoviendo de manera activa el Pacto de Estado por la Demografía.