El grupo parlamentario de IU Aragón exige al Departamento de Presidencia y Justicia que informe de las medidas a adoptar respecto a la empresa adjudicataria de las obras del Palacio de Justicia de Huesca, en el caso de acreditarse el incumplimiento de sus obligaciones, para cumplir el compromiso de la puesta en servicio del Palacio de Justicia a lo largo del 2013.

En ese sentido va la pregunta que el portavoz de IU en esta materia, Adolfo Barrena, ha registrado hoy tras recibir la respuesta del consejero Roberto Bermúdez de Castro a la solicitud que realizó el pasado enero en relación con los problemas en las obras de ejecución del nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de los Juzgados de Huesca.

En este sentido, el consejero de Presidencia informa al grupo de IU que estas obras no se han visto afectadas por las restricciones presupuestarias y que a 31 de diciembre de 2012 se había certificado el importe total previsto, que alcanza un 52,27% del total. También informa del escrito que la empresa encargada de las obras, ARENSA, ha presentado ante los Juzgados de los Mercantil de Madrid, comunicando el inicio de las negociaciones con los acreedores al objeto de alcanzar un acuerdo de refinanciación y que las subcontratas se han puesto en contacto con Presidencia para exponer su preocupación por la situación y solicitar apoyo.

En este sentido, el Gobierno de Aragón asegura que está intentando que las negociaciones entre ARENSA y los subcontratistas para cerrar un acuerdo de refinanciación lleguen a buen fin. “Sin embargo, el consejero no nos aclara absolutamente nada”, critica Barrena en relación con la puesta en servicio del Palacio de Justicia a lo largo de 2013. Sobre ello, Bermúdez de Castro dice que las obras no se han paralizado pero reconoce que presentan un ritmo de ejecución muy lento desde el pasado 17 de enero.

En cuanto a las subcontratas, tanto el grupo parlamentario como el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Huesca, muestran su preocupación por “la situación a la que les arrastra el concurso de acreedores de ARENSA”. “El Gobierno no solo debe asegurar que estas empresas cobren por los trabajos que ya tienen certificados, debe garantizar el mantenimiento del empleo de los trabajadores de estas subcontratas, porque van a ser ellos los paganos de la situación de ARENSA”, denuncia la portavoz de IU en Huesca, Pilar Novales. En este sentido, Novales reitera “la gravedad de las consecuencias que va a acarrear el cese de la actividad de estas empresas, más en una ciudad en la que el paro se está cebando tanto en el sector de la construcción como en el industrial”.