“El Gobierno central utiliza todas sus armas para evitar que las Comunidades Autónomas legislen sobre el fracking y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al uso de esta técnica para la extracción de gas”, denuncia el portavoz de Industria de IU en las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley que regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Una norma que esta Comunidad promulgó en abril de 2013 motivada por el informe que, en junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó y en el que cuestionaba el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas.

Cabe recordar que este informe motivó que varios Estados de la Unión Europea aprobaran una moratoria o prohibición. En España, además de Cantabria, La Rioja ya legisló también la prohibición del fracking, y otras están en tramitación de Proposición de Ley con la misma finalidad.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado nº 40, de 15 de febrero, se ha publicado la  Providencia de 11 de febrero del Tribunal Constitucional por la que el Pleno dicho Tribunal acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 498/2014, promovido por el presidente del Gobierno contra la citada Ley cántabra contra la fractura hidráulica.

Para Romero, lo que pretende Rajoy con este recurso “es asegurar vía libre para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental”.

“Nos preocupa mucho este recurso porque el Gobierno central no solo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los parlamentos autonómicos, sino que debe tomar ejemplo cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes”, señala el diputado de IU.

“La fractura hidráulica –continúa plantea interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse, tal y como ha puesto en evidencia el Proyecto Castor en Castellón, y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo”.

Esta situación ha llevado al grupo parlamentario de IU Aragón ha registrar una Proposición no de Ley en la que instan al Gobierno aragonés a dirigirse al central para solicitarle que retire el recurso de inconstitucionalidad y promueva una legislación que prohíba la utilización de esta técnica extractiva en todo el territorio español, suspendiendo y paralizando los permisos que se han otorgado hasta el momento.