Izquierda Unida, a través de su eurodiputada, Paloma López, ha solicitado a la Comisión Europea que retire la recomendación realizada a España de que las autonomías no apliquen los impuestos establecidos a las grandes superficies en 6 comunidades autónomas españolas, entre ellas, Aragón.
Cabe recordar que el pasado 15 de enero el portavoz de la Dirección General de Competición de la UE anunciaba que “las exenciones a los pequeños negocios, ya a algunos especializados, pueden representar ayudas públicas”, en referencia a este tributo para que los centros comerciales paguen por lo que contaminan.
El portavoz de Hacienda de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, recuerda que estos impuestos internalizan las externalidades negativas que las grandes superficies provocan en su entorno, debido al incremento del tráfico, la necesidad de superficies de aparcamiento, incremento de servicios públicos para controlar dichas zonas, etc., por lo que garantizan un trato igualitario respecto a los pequeños comercios según su impacto económico y ambiental.
Además, cabe destacar que fue IU quien propuso su aplicación en Aragón y que este impuesto cuenta con el aval expreso del Tribunal Constitucional.
“Lo que grava este tributo es la afección ambiental que provocan sobre todo por los aparcamientos y el tráfico que generan”, señala Barrena para explicar que “el planteamiento de Bruselas alude a que se debería aplicar también al pequeño comercio, porque no entiende que es un tributo por afecciones ambientales, no por metros cuadrados”.
Esto ha provocado que IU pregunte a la Comisión Europea si ha considerado en su análisis de competencia los impactos ambientales que las grandes superficies comerciales provocan en su entorno y si éstos podrían justificar la penalización tributaria de las grandes superficies respecto al pequeño comercio.
Por otra parte, la CE afirma, en su posición contraria a este tipo de impuestos, que tratan de favorecer a la pequeña empresa que debe competir en una posición muy desventajosa contra las grandes superficies. Sin embargo, “no ha tenido en cuenta que las pequeñas empresas en el sector son las que más empleo generan, además de ser fundamentales para mantener la calidad de los espacios urbanos”, apunta Barrena.
Sobre este asunto, IU pregunta a la CE por la manera en la que ha baremado la “grave situación de subempleo” contemplada en el artículo 197.3.a del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para considerar “ayudas” públicas compatibles con el mercado interior, si ha considerado que la existencia de dicha “ayuda” se da en una región contemplada en el artículo 349 del TFUE y en qué manera cree que esta “ayuda” no está destinada a “facilitar el desarrollo de determinadas actividades de determinadas regiones económicas” según lo dispuesto en el artículo 107.3.b.