“El control que pretende establecer la Administración a las y los beneficiarios del IAI no responde a un mecanismo de mejora de la prestación, sino a la desconfianza que el Ejecutivo deposita en la ciudadanía”, denuncia la diputada de IU y portavoz de Sanidad y Bienestar Social, Patricia Luquin, tras el anuncio del Gobierno aragonés sobre el anteproyecto de ley que reformará la norma que regula el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). En cuanto al endurecimiento de los requisitos para recibir este salario social, Luquin advierte que durante el presente ejercicio presupuestario el Gobierno de Aragón “ha dejado fuera” a cientos demandantes aragonesas/es y “nos tememos” que muchas de las personas que lo perciben a día de hoy, “dejarán de hacerlo” por el cambio en los requisitos.
En su opinión, “es un despropósito que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ponga a las/os pobres a competir entre sí y los trate como ‘delincuentes’”.
Para la diputada de Izquierda Unida, el consejero de Sanidad y Bienestar Social “no solo no ha solucionado” el continuo retraso que acumula la Administración en los pagos de esta prestación, sino que ahora, además, “pone, por ley, trabas para acceder al mismo y conllevará a que personas que lo están cobrando, porque es su derecho, dejen de hacerlo”. “Es responsabilidad del consejero asegurar que la Administración dispone de los recursos necesarios en materia social para cubrir las demandas de la ciudadanía y más en una situación económica y social como la actual, porque éste es para muchas personas su único recurso económico”, señala Luquin para recordar que “el IAI no es caridad, es una prestación y, como tal, debe ser garantizada por el Gobierno de Aragón de manera eficiente y eficaz”.
Por ello, el grupo parlamentario de IU Aragón exige, una vez más, la dimisión de Ricardo Oliván, por “poner en práctica políticas antisociales como esta y por aplicar continuos recortes que deterioran gravemente las prestaciones que su Departamento debe garantizar a la ciudadanía”.