El grupo parlamentario IU Aragón ha solicitado amplia información al Gobierno autonómico relativa a los derechos del colectivo de emigrantes residentes en el extranjero y que la formación política y social ha registrado ante las reformas legislativas llevadas a cabo por el Ejecutivo central y que afectan de manera directa a este colectivo.
En este sentido, IU pregunta al consejero de Presidencia y Justicia si su Gobierno cree que la ciudadanía aragonesa en el exterior tiene acceso a los mismos derechos en igualdad de condiciones que la ciudadanía que reside permanentemente en Aragón, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, y si cree que son iguales ante la ley, independientemente de su sitio de residencia.
En cuanto al Estatuto de la a Ciudadanía española en el Exterior, y en concreto en lo referente a políticas de retorno de la ciudadanía española en el exterior, el portavoz de esta materia de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, recuerda, que en varios de los artículos del citado Estatuto, así como en la Constitución española, se especifica la obligatoriedad de plantear políticas de retorno de la ciudadanía española en el exterior, así como los mecanismos para poder cumplir con la legislación vigente. Sin embargo, y esta es una las reivindicaciones del colectivo, el Gobierno no ha puesto en marcha ningún plan específico de retorno a Aragón de estas familias.
Por ello, Izquierda Unida ha solicitado al consejero Bermúdez de Castro que informe de las actuaciones que ha puesto en marcha para promover, en colaboración con el Gobierno Central y las administraciones municipales de esta comunidad, una política integral que facilite el retorno de los y las aragoneses en el exterior, informe de las que tiene previsto promover para facilitar su inserción social y laboral y detalle los medios de los que se vale para fomentar su retorno a fin de combatir la despoblación que afecta a muchas comarcas aragonesas y la merma demográfica en nuestro territorio. Además, IU le pregunta si tiene previsto suscribir convenios de colaboración con el Gobierno central, en lo relativo a las políticas de retorno.
Otro de los problemas a los que se enfrenta este colectivo es la inserción socio-laboral. Cabe recordar que el Estatuto de la Ciudadanía española en el exterior incluye en su artículo 21 “Acciones de información socio-laboral y orientación y participación en programas de formación profesional ocupacional”. Sobre este asunto y para conocer si la DGA está cumpliendo con esta Ley, IU le pregunta por las medidas que viene ejecutando el Gobierno a fin de promover el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral del colectivo y si tiene previsto establecer acuerdos con organismos públicos o privados de los países donde residen actualmente estas personas con el propósito de facilitar la incorporación al mercado laboral aragonés.
Sobre la participación del Gobierno de Aragón en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuya finalidad es garantizar la efectividad del derecho de los españoles residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas, Izquierda Unida pregunta al Gobierno por su participación en el mismo y qué aportaciones puede hacer ante el incremento del número de jóvenes aragonesas y aragonés emigrados/as, además de solicitar conocer la situación en la que se encuentra la cooperación entre las Administraciones Públicas, en concreto entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno Central, para garantizar los derechos y deberes establecidos según lo que se mandata el Estatuto de la Ciudadanía española en el exterior.