Ante la sorpresa y preocupación que nos ha provocado la venta que ha llevado a cabo Ibercaja de 28 viviendas de la calle Jusepillo Olleta, en Zaragoza con sus familias dentro hemos registrado preguntas en las Cortes de Aragón. Estas personas, que entraron a vivir como inquilinos con un alquiler social dentro de un programa municipal, ahora se encuentran con que la entidad bancaria Ibercaja, a través de su inmobiliaria Cerro Murillo, las ha vendido a una empresa patrimonial zaragozana, Sakkia, a pesar de que están sujetas a las limitaciones del régimen de vivienda protegida.
Por ello, nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado varias preguntas al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, al objeto de que aclare lo sucedido porque “la transmisión de VPA precisa autorización del Gobierno de Aragón”, explica el diputado.
Las familias que actualmente viven en estos pisos denuncian la “incertidumbre e inseguridad que les ha provocado la venta”, ya que se han enterado a través de cartas certificadas con el acta notarial que informa de la venta, se ha dejado de prestar el servicio de mantenimiento de los edificios y la empresa compradora no les ha comunicado sus planes para estos inmuebles.
De lo que sí informaba el acta notarial es que los inquilinos no podrían ejercer ante la transacción el derecho de tanteo, que permite comprar la vivienda igualando el precio de venta. “Estas familias no saben si han perdido definitivamente tras esta transacción su derecho, reconocido por contrato, a mantener el alquiler con opción a compra”, advierte Sanz.
Por estos motivos, hemos pedido a Soro que informe a su grupo parlamentario de la autorización que se ha otorgado por parte de su Departamento con carácter previo a esa transmisión y cuáles son los criterios que se siguen, en su caso, para ejercer los derechos de adquisición preferente y/o retracto que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, reclamamos consejero que detalle las medidas a adoptar en relación a dicha transmisión para inspeccionar, en su caso garantizar, que el nuevo propietario respete los derechos de los arrendatarios respecto a sus arrendamientos preexistentes y que se garantice el acceso diferido a la propiedad mediante el ejercicio de la opción de compra.