Izquierda Unida exige al Departamento de Sanidad y Bienestar Social que “de un paso atrás” y no cierre la Comunidad Terapéutica El Frago, previsto para mañana, 15 de noviembre. La portavoz IU en las Cortes, Patricia Luquin, denuncia que el cierre de este centro va a suponer “perder el único recurso propio” de estas características en Aragón y una “notable pérdida de la calidad del servicio”, ya que todos los servicios que ofrece esta comunidad terapéutica dispensados por profesionales, con plantilla formada por 12 educadores con una gran experiencia en materia de rehabilitación de toxicómanos, un director y un oficial de mantenimiento.
“Su desaparición dejará sin alternativa pública de tratamiento de las adicciones a la Comunidad de Aragón y, a partir de su cierre, sólo habrá tratamientos privados o concertados, a los que muchos pacientes no van a tener acceso por cuestiones económicas”, denuncia Luquin, que acusa al consejero del ramo, Ricardo Oliván, de cerrar el centro “sin haber realizado la planificación necesaria para que estos profesionales tengan una opción laboral, los y las pacientes una opción de futuro y Aragón un centro público de estas características”.
Para la diputada, “todas las políticas aplicadas por Oliván siguen la misma hoja de ruta: la privatización de los servicios públicos aragoneses”. “Unas medidas recogidas en el “Informe para reformar la Administración”, que presentó el Gobierno el pasado junio y en el que contempla la supresión de los Centros de Rehabilitación de Toxicómanos de las Comunidades Autónomas”, recuerda Luquin.
A día de hoy, todavía no se conocen qué tipo de actuaciones y alternativas tiene previstas el Departamento de Sanidad y Bienestar Social para garantizar, con recursos propios y la misma calidad del servicio, la atención de las personas atendidas en el centro. Sobre este asunto, la diputada de IU señala que “el Gobierno pretende ‘transferir’ a las ONGs la prestación de este servicio”, y advierte que, con esta medida, “se perderá calidad en el servicio, ya que hasta ahora está prestado por profesionales y las organizaciones no gubernamentales apoyan su labor en el voluntariado”.
En cuanto a los trabajadores/as del centro, doce educadores, un director y un oficial de mantenimiento, para IU, es un nuevo recorte en los recursos humanos del servicio público que provocará una grave pérdida en la eficacia, eficiencia y calidad de la prestación.
“El cierre de este centro está dentro de la estrategia del Partido Popular, en general, y del consejero Oliván, en particular de “desmantelar los servicios sociales públicos para privatizarlos o, directamente, eliminarlos” y responde a la “política antisocial” que aplica el Departamento de Bienestar Social que está deteriorando gravemente las prestaciones que su Departamento debe garantizar a la ciudadanía desde ‘lo público’”, asevera Luquin.
Por ello, IU reitera que es “responsabilidad del consejero asegurar que la Administración pone a disposición de la ciudadanía los recursos públicos necesarios para cubrir sus demandasy más en una situación económica y social como la actual”.