Izquierda Unida muestra su preocupación por la situación en la que se encuentran los centros de protección de menores de titularidad pública en Aragón y pide, a través de su grupo parlamentario que tanto el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia como la Directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales informen detalladamente en las Cortes sobre esta situación y sobre la renovación de los contratos de programas de menores de titularidad pública en Aragón.
“Tenemos dudas sobre la actuación del Departamento en materia de menores y, por ello, queremos que nos expliquen qué medidas van a adoptar para evitar la precarización que ya están sufriendo los servicios de atención al menor”, señala la portavoz de Bienestar Social y Familia de IU en las Cortes, Patricia Luquin, en relación con los recortes que el Gobierno ha aplicado y que afectan a las necesidades básicas del menor.
“Unas necesidades que deben estar cubiertas por Ley”, advierte Luquin para recordar que en el artículo 3 de la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón, se señala que son los poderes públicos los que garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a dicha ley. Además, en su artículo 5, establece expresamente que “(l)a Administración de la Comunidad Autónoma tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reinserción de la infancia y la adolescencia (…) En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse a afectado por falta de recursos básicos.”
En cuanto a los centros de protección de menores, estos son los destinados al desarrollo integral de la personalidad de los menores, acogiendo, cuidando y educando a los que, por motivos de protección, deban ser separados temporal o definitivamente de su núcleo familiar o entorno social. Por ello, Patricia Luquin, manifiesta que “es fundamental que la gestión de los centros de protección de menores sea cien por cien pública para garantizar los derechos esenciales y básicos de los menores con recursos suficientes, tanto económicos como de personal”.
“Conocida ya la gestión de Oliván y su apuesta por la privatización de los servicios de titularidad pública que dependen de su Departamento, estamos preocupadas por las condiciones que se planteen en los nuevos contratos y primen el precio del servicio por encima de la calidad, cuando en un tema tan serio como este, estamos hablando de menores, el Ejecutivo debe garantizar una prestación cien por cien pública de calidad, eficiente y efectiva”, concluye la portavoz de IU Aragón.