La Agrupación Local de IU en Fraga ha enviado una carta a la dirección del Centro de Alta Resolución de Fraga en la que solicita que se garantice el derecho de todos los ciudadanos extranjeros/as a recibir asistencia sanitaria en dicho Centro hospitalario, y no aplique el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, el paquete de medidas de reforma del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno central.
Hay que recordar que la entrada en vigor de esta normativa, conlleva la pérdida de la condición de asegurado/a a los ciudadanos/as no comunitarios, mayores de 18 años, no registrados ni autorizados como residentes en España, que sólo recibirán asistencia sanitaria en, “casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta situación de alta médica, y en casos de embarazo, parto y postparto”.
IU advierte que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 ampara el derecho de toda persona a recibir asistencia médica y que la Constitución Española en su artículo 43 reconoce el “derecho a la protección de la salud” y señala que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”; también en su artículo 41 dice que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. En este sentido, Sánchez denuncia que el Gobierno incumple el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón que contempla “el derecho a la salud de las personas”.
“Fraga es la quinta población de Aragón con mayor número de ciudadanos/as extranjeros, una parte de los cuales se podrían ver afectados por la aplicación del Decreto de Reforma Sanitaria una vez acabada la campaña de recogida de la fruta”, señala Xandru Sánchez, Coordinador de IU Fraga. “Por último, -continua- también alertamos, que de aplicarse las medidas recogidas en la este Real Decreto Ley, es más que previsible el colapso de los servicios de urgencias, ya que un colectivo importante de personas sólo accedería a la asistencia sanitaria por esta vía.
Por otra parte, el grupo parlamentario La Izquierda Plural ha presentado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la petición para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley. Para Sánchez, “con esta propuesta se busca impedir el efecto discriminatorio y de desmantelamiento del sistema sanitario público que establece la normativa en vigor y tenemos la suficiente argumentación y base jurídica para solicitarlo, ya que se incumplen una serie de preceptos recogidos en la Constitución”.