El grupo parlamentario de Izquierda Unida dirigirá una batería de preguntas al consejero Oliván en relación a los recortes en Sanidad que se aplicarán a partir del 1 de septiembre
“Que la salud pase de ser un derecho a un privilegio es, quizá, el más dramático punto de inflexión para nuestro Estado de Medioestar”. Así califica la diputada de IU Patricia Luquin la aplicación, a partir del 1 de septiembre, de las medidas de recorte sanitario que conducirán a que diferentes sectores de la población se queden sin el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia dirigirá una batería de preguntas al consejero Ricardo Oliván para saber “porqué su Gobierno se salta a la torera principios básicos morales, constitucionales, la Ley General de Salud Pública, el Estatuto de Autonomía e incluso el Juramento Hipocrático”.
Luquin exigirá información sobre qué coste económico ha supuesto para el Servicio Aragonés del Salud la atención de pacientes inmigrantes en los dos últimos años, habida cuenta de que en el último Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, celebrado en Zaragoza, se concluyó que “la población inmigrante recurre mucho menos a la atención sanitaria que la autóctona”.
Asimismo, Patricia Luquin desea conocer cuántas tarjetas sanitarias se han tramitado y/o renovado a pacientes inmigrantes en los últimos tres meses, tras conocer este recorte. “El PP quiere abrir una nueva vía de negocio con la discriminación por motivo de situación legal, procedencia, nivel de renta, creando un sistema sanitario de primera, otro de segunda y otro de tercera”, valora la parlamentaria de IU.
En relación a las objeciones a las medidas incluidas en el Real Decreto Ley 16/2012, Luquin preguntará sobre si el Departamento que dirige Oliván ha facilitado las medidas necesarias para que los objetores al Real Decreto puedan ejercer su derecho a la objeción y, en caso afirmativo, conocer en qué consisten.
Además, reclamará información sobre el anunciado protocolo asistencial para la atención a personas sin derecho a la atención sanitaria. “Los trabajadores y trabajadoras del SALUD no han sido suficientemente informados, con instrucciones específicas por escrito, a un par de días antes de la aplicación del real decreto”.
“A todos se nos va a quedar grabada en la mente la fecha del 1 de septiembre de 2012, día en el que el PP pone punto y final a la sanidad universal en este país”, lamenta Luquin. “Pero desde IU vamos a luchar para que esto no sea más que un mal sueño, un dramático paréntesis, y, en el futuro, por mucho que cueste, se vuelva a reconocer este derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su situación legal, nivel de renta o país de origen”, concluye la diputada de izquierdas.