Nos sumamos a las alegaciones presentadas por la Plataforma ‘No a las minas de potasa’ al nuevo proyecto de explotación de la Mina Muga que se pretende desarrollar en la zona limítrofe entre Aragón y Navarra. En concreto, la puesta en marcha de esta mina de potasa puede afectar a unos 34 municipios, entre los que destacan, por su proximidad, Undués de Lerda y Urriés, en Aragón, y Sangüesa, en Navarra.
Geoalcali, la empresa promotora, ha presentado de nuevo un plan, pero se advierte que en él no se resuelven los graves problemas detectados en el proyecto de 2015 y por los que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) realizó un requerimiento muy exigente que obligó en diciembre de 2106 a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.
Este requerimiento recogía las exigencias de los organismos y Administraciones del Estado que habían evaluado el proyecto como, entre otros, el Instituto Geológico Nacional, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Estas exigencias estaban relacionadas con los hundimientos que se producirán por la mina, la generación de terremotos en la zona, la contaminación de las aguas o la montaña de sal que se diseñó con casi 13 millones de metros cúbicos y 47 metros de altura.
“Geoalcali ha tenido que reconocer algunos de ellos, como son los hundimientos, las afecciones a las aguas, la sismicidad activa en la zona, el peligro por los terremotos, aunque ha contestado de forma contraria a los organismos públicos , negándoles información o infravalorando sus denuncias de forma interesada”, explica el Coordinador General, Álvaro Sanz, para detallar que aunque el promotor ha reconocido que la peligrosidad sísmica es más del doble de la que defendía públicamente como correcta, sigue sin evaluar la peligrosidad sísmica real en la zona y resuelve el problema diciendo que no ha encontrado evidencias en su estudio, cuando el IGME requiere un estudio monográfico sobre esto que la empresa no ha realizado.
Algo similar ocurre con los hundimientos, Geoalcali dice desconocer los datos para poder evaluarlos, mientras que el IGME los califica como “inadmisibles”.
Un aspecto a destacar en el nuevo proyecto es que ahora, a diferencia de lo que decían en su proyecto previo de que les sobraría agua, necesitan un suministro para la mina que dependerá del Canal de Bardenas. Y sobre esto la empresa dice que no ha recibido informes desfavorables de la CHE. “Algo que nos sorprende habida cuenta de los bombeos, las afecciones a los ríos de la zona y a Yesa, y la contaminación de la zona”, apunta Álvaro Sanz.
Por todas las irregularidades detectadas en el nuevo proyecto, nos hemos sumado a las alegaciones presentadas por la Plataforma en las que solicita que el órgano ambiental emita una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable basada, al menos, en que el proyecto se define como incompatible con la seguridad y desarrollo de las Altas Cinco Villas y la Comarca de Sangüesa, por los graves problemas de hundimientos y sismicidad, por las afecciones al embalse de Yesa, por los impactos generados y porque el nuevo proyecto, como ya fue el anterior, sigue sin resolver los problemas de la zona y se define como incompatible e inviable económica, técnica y ambientalmente.
“Nos sumamos a estas alegaciones como un paso más dentro del trabajo que estamos desarrollando, también en las Cortes de Aragón”, explica nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, para recordar la reiterada negativa del Gobierno aragonés de facilitar información y documentación sobre este proyecto, y por lo que llegamos incluso a presentar una queja ante la Mesa de las Cortes. La diputada también lamenta la ausencia de un debate técnico, transparente, riguroso y coherente sobre este proyecto en el que se escuchen todas las voces las a favor y las en contra”. “Un proyecto de tal magnitud que genera serias dudas y la mejor manera para aclararlas es que se aborde con absoluta transparencia, toda la información y la participación”, concluye.