Tras la notificación de sanción a varios jóvenes por haber pintado con tiza la calle y maceteros en la vía pública el pasado mes de mayo, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza arremete contra la decisión del Gobierno municipal de usar la “Ordenanza Cívica” para criminalizar al 15-M y a otros movimientos sociales.
“Es evidente que no se busca proteger el espacio urbano, sino acallar la contestación social –indica José Manuel Alonso, portavoz de IU-, puesto que éste no se estropea por pintar con tiza en una plaza o colocar maceteros en la vía pública”. “Se trata de un acto en un contexto de reivindicación –añade-, de una expresión vital de nuestra democracia que no se puede coartar”.
“A muchos no les ha gustado que aparezcan nuevas formas de expresión y que nuestras calles se llenaran de gentes y de opiniones”, continúa el portavoz municipal quien advierte que solicitará la derogación de esta ordenanza.
El dirigente de IU califica de “impresentable” la calificación como infracción grave de las conductas señaladas y ha acusado de “una interpretación errónea y tendenciosa de la ordenanza, puesto que la misma, en ese artículo, busca proteger el espacio público, cosa que nunca se ha puesto peligro con armas tan peligrosas como una tiza o una planta”. Además, IU ha recordado que una de las razones que llevó a este grupo a oponerse a esta ordenanza fue “las desmedidas sanciones que imponía, mucho más severas que el propio código penal y con de dudosa legalidad”. “Sanciones como éstas demuestran que esta ordenanza vulnera el principio de proporcionalidad de las penas impuestas a la gravedad de la infracción cometida”, destaca el edil de IU.
IU ya manifestó su oposición a la “Ordenanza incívica” porque mantenía que “no sirve para solucionar los problemas por los que decía que se creaba (botellón), como ha quedado patente incluso con la creación específica de una comisión del Consejo de Ciudad para estudiar este fenómeno, dado que la mera sanción ha sido inútil”. “Sin embargo –insiste Alonso-, sí ha servido para crear un capítulo de sanciones que dotan de una herramienta de coacción ante actuaciones sociales reivindicativas”.
Desde el grupo municipal se recuerda que “este tipo de ordenanzas han sido ya contestadas jurídicamente por vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión”. De hecho, en el año 2006 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid), anuló varios preceptos de la ordenanza cívica.
