Es inaceptable que se destinan ingentes cantidades de dinero a resolver los problemas de los banqueros y no existan dificultades para aumentar hasta casi 10 puntos de PIB la deuda pública. Mientras, se reducen los gastos en educación, sanidad o dependencia, se recortan las retribuciones de los empleados públicos y se ahoga a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.