Las comparecencias de las y los consejeros para explicar el proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para el ejercicio 2020 ha comenzado esta mañana con la intervención del consejero de Hacienda, quien ha desgranado las líneas generales de estas cuentas. Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha incido en la importancia de modificar la actual política fiscal para que ésta cumpla su principal función: ser una herramienta fundamental para la justicia social, la lucha con la desigualdad y la redistribución de la riqueza.

Y es que en este presupuesto las previsiones de ingresos los fían al consumo de las familias y a las rentas de las y los trabajadores y el cuatripartito no parece interesado en el necesario debate que debe abrirse, el de garantizar que en Aragón paga más quien más tiene y así garantizar que todos tengamos acceso por igual a unos servicios públicos mucho más sólidos y fuertes que los actuales.

Con el IVA, que soporta una quinta parte de nuestros recursos, se estima recaudar un 11% con respecto a las proyecciones de recaudación de 2019, y con el IRPF la subida planteada es de un 10,6% con respecto a lo que se estima recaudar en 2019.

Si el Presupuesto prorrogado que tenemos era sólo 89 millones más elevado en ingresos de Capítulo I y 124,06 en Capitulo II que el anterior, en un contexto económico de crecimiento prolongado, “comprenderá – ha dicho Sanz- que tengamos dudas de unas previsiones que plantean un incremento de los ingresos directos en más de 105 M y de los indirectos por más de 254 M (suponen nada más y nada menos que 359M, más de lo que supone el incremento global de este presupuesto con respecto al anterior)”.

En este sentido, nuestro Coordinador ha criticado que en este presupuesto los ingresos que devienen de las rentas del capital sufren una caída de más del 20% con respecto a las previsiones de recaudación del 2019. Este año se va a recaudar alrededor de 45 millones de euros menos debido a  la rebaja que hizo el PSOE junto a la derecha del impuesto de Sucesiones. Con esta política fiscal no se puede frenar el auge de discursos neoliberales de la bajada masiva de impuestos, del infierno fiscal, con los que pretenden acabar con los servicios públicos para hacer negocio. “Debemos poner en valor el papel de lo público como garante de derechos y para ello hace falta ingresar redistribuyendo”, ha apuntado en la comisión de Hacienda nuestro diputado, quien ha continuado pidiendo intensificar los esfuerzos en materia de inspección tributaria.

Ante el anuncio del cuatripartito de menor ritmo de creación de empleo y una paulatina ralentización de los motores de la demanda interna y los avisos de los riesgos del contexto internacional que reconocen es menos favorable, con tasas de crecimiento menores y mayor incertidumbre derivada de procesos como el Brexit o el aumento del proteccionismo comercial global, consideramos que el sector público debería asumir más protagonismo y fundamentar su crecimiento también en la actividad productiva.

También encontramos algún punto positivo como la  mejora las cifras del gasto social y eso evidentemente es una buena noticia para IU, aunque no pasamos por alto que seguimos arrastrando déficits importantes en servicios básicos como la educación y la salud, buena parte de ellos tienen que ver con las necesidades de personal y con la necesidad de mejorar la cobertura universal de estos derechos en las mejores condiciones. No en vano buena parte de los puntos del acuerdo con el PSOE e IU para la investidura del presidente concernían a estas cuestiones.

En cuanto a las inversiones, a pesar de que figuran inversiones fundamentales que saludamos sobre todo en materia sanitaria, hubiésemos deseado más presupuesto para cuestiones fundamentales como la vivienda y la rehabilitación, o mejor dotación para la construcción de infraestructuras educativas.

Es cierto que el gasto en políticas económicas sube un 4,10% pero mucho nos tememos que va a ser para jugar el papel de facilitadores centrándolas en las políticas de incentivos en sectores como el porcino o las renovables en favor de la iniciativa privada en vez de en el impulso de proyectos productivos públicos centrados en el desarrollo de sectores estratégicos como el energético, el de cuidados, la rehabilitación, o la farmacia o el medio ambiente, política esta última que ha bajado casi un 3% con respecto al año 2018 en plena emergencia climática.