Todavía recuerdo a Gaspar Llamazares sentado, solo, en su calidad de único diputado de IU, junto a la puerta del salón de plenos del Congreso, sin querer votar la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno del PSOE, ese Gobierno del que Alfredo Pérez Rubalcaba era vicepresidente y ministro del Interior, y esa reforma que fue pactada con el Partido Popular del hoy presidente Mariano Rajoy. Un año y medio después de esa votación, la reforma de la Constitución, que antepone el pago de la deuda a la prestación de servicios públicos, es la herramienta central, el “arma de destrucción masiva” usada por el PP para liquidar servicios públicos y poner a los mismos a los pies de los caballos de los mercados, que los quieren y necesitan para hacer negocio con ellos.

Desde aquello, han pasado tantas cosas que uno no acierta a saber cuántos recortes en el ámbito de la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia o del sector agropecuario, entre otros, se han producido; pero entre estas cosas, y dejando de lado la reforma laboral, que tan dramático resultado está teniendo para los trabajadores, una de las más profundas que se plantean es la reforma de la Administración local. Se dice que hay que recortar gastos en el ámbito de los ayuntamientos, cuando éstos no han generado ni el 5% de la deuda total del Estado y cuando más de la mitad de esa deuda corresponde al Ayuntamiento de Madrid, gestionado durante muchos años por el PP. Se dice que la reforma servirá para que se limiten las percepciones de los cargos públicos municipales, cuando según la Federación Española de Municipios y Provincias, el 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, como son todos los municipios de Huesca menos la capital, no tienen sueldo. Otra de las grandes mentiras predicadas por el Gobierno es la de la duplicidad de competencias: la realidad es que hay muchos servicios públicos creados porque los ayuntamientos los han acometido “gracias” a que las Administraciones competentes, que no se sientan delante de los afectados a diario, se han negado a crearlos. Por ello, los policías locales asumen labores de seguridad ciudadana, cuando debería hacerlo el Estado, o los Ayuntamientos tienen residencias, escuelas de educación infantil de 0 a 3 años o pagan los mantenimientos de centros educativos entre otras muchas cosas, cuando debieran hacerlo las comunidades autónomas. Lo cierto, la verdad de fondo, es que decir por Ley que un Ayuntamiento no podrá gestionar tal o cual cosa, y que esto deberá hacerlo una administración que nunca lo ha querido, ocasionará en el corto y medio plazo dos cuestiones: la primera, que aquellos servicios públicos municipales que pasen a ser gestionados por administraciones que no los quieren gestionar, serán privatizados; y la segunda, que como los Ayuntamientos no podrán crear nuevos servicios y el resto de administraciones, como han venido haciendo hasta la fecha, no querrán ampliar los suyos, las futuras demandas ciudadanas quedarán o bien sin atender, o bien en manos del Dios mercado. A mi juicio, de esto va esta reforma. De generar nuevos nichos de negocio en el sector privado a costa de adelgazar más el sector público. O lo que es lo mismo, adelgazar las “empresas” de todos nosotros y engordar las empresas de unos pocos, que obviamente, pensarán más en sus resultados económicos que en nuestros derechos.