Tras 40 años de conmemoraciones acríticas, deberíamos analizar, sin visceralidad, si el texto constitucional da respuesta hoy a los problemas del pueblo español. Pero evaluarla Carta Magna, desde lo que supone y no desde lo que supuso, sigue siendo hoy un tabú.
España ha cambiado mucho desde 1978. El desarrollo legislativo de los consensos constitucionales, a manos de un bipartidismo entregado a los poderes económicos, ha convertido su contenido en papel mojado. La crisis lo ha evidenciado con dureza para quienes vieron cómo se reformaba la Constitución para salvar a los bancos mientras su derecho al trabajo, la salud o la vivienda, consagrados en la misma, no eran garantizados.
Es insostenible pedirles a las personas castigadas por la crisis que festejen y defiendan una Constitución que les ha dejado tiradas. Lo correcto es ofrecer una alternativa que constitucionalice las garantías necesarias para vivir con dignidad y la resolución de los problemas mediante el diálogo y la Política.
Este nuevo consenso constitucional debe construirse en libertad, superando el uso espurio de las instituciones del Estado y el discurso conservador del miedo, de lo español y lo antiespañol, de la España de orden y la de los sediciosos, todo ello demasiado frecuente hoy. No en vano estas actitudes reaccionarias lejos de solucionar problemas comprometen, más si cabe, la legitimidad del sistema político del 78.
Lo vemos con la justicia, cada día menos identificada con la democracia y más con el capital y sus intereses. La vergonzosa pirueta del Tribunal Supremo con la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y su retrógrado desenfreno para apuntalar unos fundamentos morales propios de épocas oscuras, evidencian el agotamiento del sistema.
Detrás de esta represión encontramos debates mal resueltos como el carácter patriarcal de nuestra sociedad, la separación entre Iglesia y Estado, los símbolos nacionales, la monarquía o el modelo territorial. Debates sobre los que debemos poder decidir y que fueron hurtados prácticamente en su totalidad hace 40 años.
Ha llegado la hora de afrontar este debate. No es un anatema, es una necesidad que exige fraternidad, razón y madurez.
Las gentes de izquierdas consideramos que ese nuevo consenso político debe responder al federalismo solidario para superar el conflicto territorial; al republicanismo como fórmula emancipadora e igualitaria y al socialismo precisamente para garantizar esa igualdad de forma real y efectiva. Hablemos.
Álvaro Sanz, Coordinador General de IU Aragón.