La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, pedirá al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, que explique ante el Pleno de la Cámara cuándo y con qué fórmula tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento el Observatorio de la Contratación Pública.

Una pregunta que Luquin plantea ante la ausencia de información sobre el grado de cumplimiento de una iniciativa presentada por IU el pasado 8 de octubre y por la que las Cortes instaron al Ejecutivo aragonés a crear este Observatorio. Sin embargo, “a día de hoy, no sabemos en qué fase se encuentra su creación”, señala Luquin.

Así, las Cortes, a través de la iniciativa de Izquierda Unida, instaron al Gobierno aragonés a impulsar el estudio y análisis de un programa de recuperación sostenida y asunción por parte de la Administración de la Comunidad de Aragón de la gestión de aquellos servicios públicos externalizados que se prestan a la ciudadanía. Y a crear del Observatorio de la Contratación Pública de Aragón con el objetivo de estudiar, analizar y hacer propuestas sobre la gestión de los servicios públicos, encomendándole: Realizar propuestas de cláusulas para incluir en nuevos plenos; controlar las políticas del Gobierno en materia de contratación pública, con participación de la ciudadanía; verificar el cumplimiento de los pliegos durante el desarrollo de los contratos y promover la eficacia de la contratación pública, trabajando en la identificación de oportunidades de contratación para la economía social y en el desarrollo de la formación para agentes sociales con el objetivo de fortalecer un mercado social.

“En octubre dimos un paso importante para mejorar la transparencia de la gestión de los servicios públicos, profundizar en la calidad de los mismos como medida necesaria para garantizar servicios de calidad a la ciudadanía y priorizar las políticas sociales, pero aún no conocemos qué trámites está llevando a cabo el Ejecutivo”, lamenta Luquin que considera que la puesta en marcha del Observatorio es “fundamental” para un buen control de la Administración pública con objeto de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen con los pliegos y si se cumplen los criterios de calidad, eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, así como velar por las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores y trabajadoras.