Izquierda Unida trasladará mañana al Pleno de las Cortes las reivindicaciones de las y los profesionales de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón y lo hará a través de una pregunta oral que su portavoz, Patricia Luquin, formulará al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.
Cabe recordar que en la pasada Legislatura los grupos que sustentaban al Gobierno aragonés, PP y PAR, aprobaron con el rechazo del resto de partidos, la Ley de “Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón”.
A pesar de su aprobación, “ha quedado demostrado que las reivindicaciones de las y los profesionales y las aspiraciones de la ciudadanía no fueron atendidas y su puesta en marcha no ha resuelto los problemas históricos que defienden desde el colectivo de bomberos”, lamenta Patricia Luquin, que además recuerda que, una vez aprobada la ley, el anterior Gobierno de Aragón no incrementó las partidas presupuestarias ni en 2014 ni 2015 para realizar las inversiones necesarias y comenzar a cumplir con los reglamentos que desarrollaban esta Ley, como la intervención en un tiempo máximo de 35 minutos para atender las posibles emergencias que se produzcan en cualquier núcleo habitado de la comunidad.
Así, la portavoz de IU en las Cortes denuncia la forma desigual en la que se presta este Servicio dependiendo del territorio, “sin caminar hacia un Servicio de Bomberos de Aragón bajo una única Administración que resuelva los problemas de forma global”.
La situación actual ha motivado que mañana en la sesión de control al Gobierno, Luquin reclame a Olona que explique si el nuevo Gobierno tiene voluntad de traer a esta Cámara un Proyecto de Ley de Modificación de la actual Ley. Una nueva norma que para IU tiene que corregir las deficiencias actuales, crear el Servicio Aragonés de Bomberos, recoger las reivindicaciones de las y los profesionales de este colectivo y desarrollar un Plan de Inversiones y de ampliación de recursos humanos para garantizar una respuesta de intervención razonable en todas las posibles emergencias que se produzcan en cualquier núcleo habitado de la Comunidad