Solicitamos al Gobierno de Aragón que modifique la Ley de Medidas de Emergencia Social de forma que no suscite dudas que impidan que las Corporaciones Locales puedan otorgar becas de comedor a las familias de sus municipios que superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Una demanda que realizaremos a través de nuestra diputada, Patricia Luquin, quien propone al Ejecutivo aragonés que saque una circular o una orden que haga más laxa la interpretación de la ley y permita a las Corporaciones Locales conceder estas ayudas a quienes superen dos veces el IPREM, tal y como sucedía hasta la publicación de la norma. Una propuesta de modificación que en septiembre, una vez se inicie el período de sesiones, trasladará a las Cortes de Aragón.
Así lo ha anunciado Luquin en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por nuestra concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Utebo, Rosa Magallón, quien ha explicado que su Área otorga anualmente becas de comedor social, subrogándose a la convocatoria del Gobierno de Aragón, pero aumentando el rango de concesión a 2,5 veces el IPREM, en lugar de 2 veces el IPREM del Ejecutivo. “Esto permitió, por ejemplo, dar 58 becas el año pasado a niñas y niños que no hubieran entrado en el rango del Departamento de Educación. Hay que aclarar que la renta de 2 veces el IPREM brutas es de aproximadamente 14.000 euros anuales”, ha explicado la edil para añadir que las becas municipales han sido durante años complementarias a las de la Convocatoria del Departamento de Educación, pero permitiendo que familias con aproximadamente 18.000 euros anuales de renta familiar se pudieran beneficiar de becas de comedor.
Así, el Ayuntamiento de Utebo no puede efectuar su convocatoria como el año anterior y conlleva que familias que obtuvieron una ayuda municipal no podrán acceder este año a ella. “Es decir, se han creado unas expectativas ahora defraudadas, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica”, ha advertido Magallón.
Este es un ejemplo práctico de lo que sucede tras la aprobación de la Ley de Emergencia Social, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas (artículo 2 de la ley que atiende al ámbito de aplicación), y es lo que ha llevado a Izquierda Unida ha pedir su modificación.
En concreto, del artículo 16 de la nueva Ley de Emergencia Social de 2016, que dice que: “Las convocatorias para becas de comedores escolares deberán seguir los siguientes criterios de garantía de los derechos sociales:
a) El máximo de renta familiar para tener acceso a las becas será de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente para el período objeto de la convocatoria”.
“Independientemente de lo indefinido de tal artículo, que no contempla número de miembros familiares, discapacidades, hipotecas, bruto o neto, etc., este artículo en si mismo impide a las entidades locales poder dar cobertura de becas de comedor a un rango más flexible en familias que realmente lo necesitan”, ha explicado Patricia Luquin para quien “los requisitos impuestos por la Ley son contrarios a su finalidad esencial”.
“Entendemos que esta norma está dirigida a reconocer, no a limitar, los derechos a las y los ciudadanos que se encuentran en una precaria situación y debe ser interpretada en el sentido que más favorezca, especialmente si se trata de menores”, añaden para reiterar que lo que se pide es “una fórmula que dé garantía jurídica a los Ayuntamientos a la hora de publicar un rango más amplio de concesión de las becas para ayudar a paliar las penurias económicas de las familias para las que se supone que se promulga esta norma”.
Sobre este asunto también se ha pronunciado el Justicia de Aragón que ha hecho una sugerencia al Gobierno como la que planteamos.