La diputada de IU y portavoz de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Patricia Luquin, ha presentado hoy en rueda de prensa las iniciativas de su grupo parlamentario en las Cortes sobre la salud pública aragonesa. Se trata de una batería de iniciativas registradas ante lo que Luquin ha calificado como “un retroceso a hace 30 años y un incumplimiento por parte del Gobierno a la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Aragón tras la aprobación del Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad, que recoge los recortes y ‘repagos’ establecidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en esta materia”.

La diputada de IU ha incido en particular en la preocupación de su formación política ante las más de 15.000 personas que, a partir del 1 de septiembre, no tendrán derecho en Aragón a la prestación del servicio sanitario, y en general, al ataque sin precedentes al principio de universalidad, igualdad y calidad de la sanidad pública.

“Más de 15.000 personas que no tienen regularizada su situación se quedarán sin la tarjeta sanitaria y sin posibilidad de recibir la prestación en la Comunidad”, ha alertado Luquin para anunciar que su grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia en sede parlamentara del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván. “Es necesario que explique cómo afectarán las medidas del Gobierno central contempladas en el decreto y para que los grupos conozcamos qué medidas va a aplicar su Departamento para garantizar las prestaciones recogidas en el artículo 14 de nuestro Estatuto, que contempla “el derecho a la salud de las personas”.

Para Luquin, “con este decreto y estas medidas no ahorran dinero, sino que lo que hará es que unas determinadas personas tienen derecho a unas serie de prestaciones y otras no”. A su entender, “el Gobierno ha roto el Sistema Nacional de Salud Pública y propone que en nuestra sociedad ciudadanos de primera y segunda categoría”.

 

En este sentido, el grupo parlamentario La Izquierda Plural ha presentado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la petición para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley. Para Luquin, “con esta propuesta se busca impedir el efecto discriminatorio y de desmantelamiento del sistema sanitario público que establece la normativa en vigor y tenemos la suficiente argumentación y base jurídica para solicitarlo, ya que se incumplen una serie de preceptos recogidos en la Constitución”.

Por otra parte, la diputada ha denunciado los recortes sobre el Plan Nacional Multisectorial 2013-2017 frente a la infección por VIH. “Se están cargando el necesario, imprescindible y buen trabajo desarrollado por ONGs en materia de prevención del Sida”, ha señalado para añadir que “estos recortes hacen inviable seguir trabajando en algo absolutamente fundamental como puede ser la prevención, la información, la formación y el diagnóstico precoz”. Por ello, ha pedido la comparecencia en las Cortes del Director general de Salud Pública para saber cómo incidirá en Aragón el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno central en este plan nacional.