“El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón demuestra una total falta de rigor en su gestión”, denuncia la portavoz de Sanidad de IU en las Cortes, Patricia Luquin, en relación con la respuesta del consejero del ramo, Ricardo Oliván a la solicitud de información que su grupo parlamentario requirió sobre la centralización de los laboratorios clínicos de los hospitales aragoneses.
En concreto, IU solicitó el pasado 27 de febrero, la copia del informe, estudio o memoria justificativa que avalara o justificase que “la centralización de los laboratorios supondrá un ahorro de 20 millones de euros”, tal y como informó el Departamento de Sanidad”. Sin embargo, “Oliván nos dice que esta cantidad económica forma parte de una estimación en la compra de reactivos, pero no es ningún informe, estudio o memoria justificativa”, explica la diputada de IU Aragón.
“No se puede tolerar que la Sanidad, así como todos los servicios públicos, se gestione en base a estimaciones”, denuncia Luquin para reiterar que la respuesta de Oliván, “carente de todo rigor y seriedad”, demuestra que el Departamento de Sanidad “está siguiendo con los ojos cerrados la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Rajoy, por la troika y los mercados para privatizar la Sanidad pública y, en este caso concreto, el servicio de laboratorios que realizan tareas analíticas en los centros hospitalarios aragoneses”.
“Oliván –continúa Luquin- justifica la privatización de este servicio en base una estimación de ahorro de 20 millones de euros, cuando no existe un estudio sobre la misma”. En este sentido, la diputada recuerda que “el Departamento lleva varios meses hablando de un plan que incluye la externalización/privatización de parte del servicio, a través de la creación de una sociedad mixta entre una empresa privada y una pública, en la que podría formar parte de la misma el Banco de Sangre”. Y esta “centralización” se realizaría a través de la creación de un “macrolaboratorio” que aglutinaría a personal y servicios que hasta la fecha se encuentran en los centros hospitalarios aragoneses.
“El consejero Oliván está poniendo en riesgo la calidad del servicio y a las 600 personas que desarrollan su labor como técnicos o encargados de realizar análisis y podrían ver afectado su puesto de trabajo tras la centralización del servicio, sin haber hecho un estudio”, concluye.