“El Gobierno PP-PAR comete un atentado contra el sistema de justicia juvenil en Aragón”, ha manifestado hoy en rueda de prensa la diputada de IU, Patricia Luquin. Una denuncia que la portavoz de Sanidad y Bienestar Social de IU Aragón en las Cortes ha realizado tras conocer que a partir del 15 de enero el Gobierno autónomo recortará la plantilla de los equipos de educadores de menores en situación de conflictividad social en un 25 por ciento en Zaragoza y en Huesca solo contarán con un trabajador, junto a la directora del centro. “Esto significa que los educadores tendrán que atender los 160 casos individualizados existentes en la actualidad”, ha informado Luquin.
Para la diputada “la excusa del Departamento que dirige Oliván para este hachazo es el manido Plan de Estabilidad Presupuestaria, lo que va a suponer un retroceso sin precedentes en todo lo que se había avanzado”. En este sentido, Luquin ha recordado que Aragón ha sido una de las comunidades “que estaban a la cabeza en esta cuestión, pero esto poco le importa al Ejecutivo de Rudi que recorta sin dar alternativas a un servicio que afecta a los derechos de los menores”.
Cabe destacar que estos equipos de educadores sociales trabajan con la fiscalía y el juzgado de menores en programas de libertad vigilada y mediación y de reparación extrajudicial, y por ello el grupo parlamentario de IU Aragón ha solicitado la comparecencia en las Cortes del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para que explique en sede parlamentaria cuál será la política del gobierno aragonés con estos menores y saber si la única alternativa existente será la política de internamiento. “Es necesario saber cómo se van a reparar estos programas y cómo se van a garantizar con la misma calidad que tenían hasta ahora”, ha aseverado la diputada.
Además, Luquin ha anunciado que también exigirá, cuando comience el periodo de sesiones en febrero, la comparecencia de la Directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para que explique los motivos de estos recortes en la plantilla de educadores sociales.
A su entender, “con este recorte se está precarizando el trabajo de los educadores y la atención a los menores”. “La reducción de la plantilla –ha continuado- va a conllevar a una precarización de los educadores al mismo tiempo que no garantiza las herramientas necesarias para que esos programas continúen con éxito”.
“La crisis no puede servir para que valga todo ni puede ser la excusa para reducir los servicios que se prestan a menores en situación de conflictividad social dado que en Huesca se había duplicado en los últimos años el número de casos y el programa estaba funcionando bien”, ha finalizado.