IU Aragón rechaza el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. La portavoz de Sanidad de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, considera que la norma que plantea el Ejecutivo PP-PAR “no sólo no soluciona el problema de las listas de espera ni garantiza la calidad del sistema público sanitario, sino que puede vulnerar los derechos de usuarios/as y pacientes”. A su entender, “otorgar a las y los profesionales del sector la consideración de autoridad pública, ya que se puede judicializar la relación profesional-usuario/a”.

Izquierda Unida es partidaria de que se reconozca la figura de estos profesionales como un factor de calidad sanitaria y social. “Sin embargo, -continua la diputada- el consejero Ricardo Oliván no puede justificar este proyecto de ley, a la vez que se recortan  medios a los centros, congelan y disminuyen las plantillas, cierran camas y plantas de hospitales y aumentan las listas de espera”.

“La prioridad de Oliván, en particular, y del Gobierno PP-PAR, en general, debe ser la defensa de la sanidad pública y, para ello, debe garantizar los recursos económicos y humanos suficientes para que este servicio público sea prestado en condiciones de igualdad, calidad y eficiencia”, advierte Luquin para denunciar “la política de recorte y privatización encubierta que Oliván lleva a cabo desde que se hizo cargo del Departamento”.

Para Luquin, “el Gobierno dice querer mejorar la Sanidad con una ley que no sirve a tal efecto, porque lo que menos necesita la Sanidad pública es una figura legal que declare a sus profesionales como autoridad pública”. En este sentido, añade que si el Gobierno “pretende mejorar la convivencia en los centros sociales y de salud y de los profesionales que trabajan en ellos, tendría que empezar por crear las condiciones adecuadas, como los programas de mediación en los ámbitos sanitario y social”.

“Propiciar un mayor reconocimiento de estos profesionales desde las instituciones no ha pasado ni ahora ni nunca por ofrecer una nueva figura legal, sino por prestar más apoyo a los mismos, por dotar a los centros de más recursos para prevenir los posibles problemas”, concluye.