IU Aragón rechaza  el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón. Por ello solicita la devolución del texto al Gobierno de Aragón a través de una enmienda a la totalidad que su grupo parlamentario en las Cortes ha presentado al proyecto de ley junto con catorce enmiendas parciales (ocho de supresión, cuatro de modificación y dos de adición).

Para la portavoz de Sanidad de IU, Patricia Luquin, “este proyecto, de convertirse en Ley, puede tener indeseables consecuencias, ya que lo que va a hacer es judicializar la acción y la relación entre el personal de centros sanitarios y sociales con las usuarias y los usuarios”.

Desde el máximo respeto a la profesionalidad tanto del personal de los centros sanitarios como el personal de los centros de servicios sociales públicos, la diputada de IU considera que “decretar la presunción de veracidad puede conllevar serias consecuencias y, al mismo tiempo, puede dejar a las usuarias y los usuarios en una situación de indefensión ante decisiones arbitrarias o tomadas sobre la base del principio jerárquico”.

Luquin también hace referencia al momento en el que se presenta el texto legislativo. “Estamos asistiendo a un ataque sin precedentes en todo lo referido a la Sanidad Pública –continua- con recortes del Gobierno de Aragón en los presupuestos en materia de sanidad y de servicios sociales, a recortar en personal, a cerrar centros de salud por las tardes, a no aprovechar las infraestructuras y los equipos y recursos materiales al 100% y abrir la puerta a la privatización de la sanidad pública y a seguir “externalizando” los servicios sociales”. En su opinión, “se presenta en un momento en el que el deterioro de la atención y la calidad de las prestaciones, tanto sanitarios como en servicios sociales, está directamente vinculada a cómo entiende este Gobierno tanto las políticas públicas sociales como la política sanitaria y a los recortes presupuestarios que el Gobierno de Aragón está cometiendo sin ningún tipo de pudor”.

Para Luquin, “el mayor reconocimiento que puede hacerse a las y los profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos en Aragón desde las instituciones no pasa, ni ahora ni nunca, por ofrecer una nueva figura legal, sino por prestar más apoyo, por dotar a los centros de más recursos para prevenir los posibles problemas antes de que se produzca un conflicto y por fomentar la formación en valores democráticos”. “Si el Gobierno pretende mejorar la convivencia en los centros sociales y de salud y de los profesionales que trabajan en ellos, tendría que empezar por crear las condiciones laborales y profesionales y, para eso, es imprescindible dotarles con recursos materiales, humanos y económicos suficientes que permitan poder desarrollar su labor profesional con todas las garantías y poder prestar el mejor servicio y atención a las usuarias y los usuarios”, concluye.