Generalmente no opinamos sobre las actuaciones del poder judicial porque, aunque no las compartamos, las acatamos ya que consideramos que, en un estado democrático, hay separación de poderes. Sin embargo, en los últimos tiempos, estamos viendo actuaciones de la judicatura y de las fiscalías que ponen en entredicho este principio democrático. Actuaciones que no compartimos, como es el caso de la sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 2 de Zaragoza que declara nula la actuación del Departamento de Educación de la DGA. Esta decisión, que anula el tribunal, suprimía el concierto para un aula de educación infantil en el Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza.

Resulta evidente que el juzgado de Zaragoza no ha mantenido la imparcialidad que corresponde y ha optado por alinearse con la enseñanza concertada. Para ello, y para nuestro asombro, en la sentencia puede leerse que la decisión del Gobierno de Aragón es política y no técnica. ¿Acaso el titular del juzgado cuestiona la capacidad del Gobierno, elegido en las urnas, para hacer política?.

En la sentencia, hay otro elemento que demuestra que el juez se mueve por su afinidad ya que se dice “que la educación concertada no es subsidiaria de la pública” cuando es evidente que es la red pública la que garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones y recurre a la red privada en caso de necesidad o cuando no hay plazas públicas suficientes.

La sentencia, además, tiene otro elemento que, a nuestro juicio, vulnera la normativa vigente cuando afirma que “el hecho de que haya plazas públicas disponibles no es motivo para reducir los con ciertos”. La sentencia, en este apartado, es contraria a la normativa sobre conciertos educativos que adjudica a los poderes públicos la capacidad para renovar, o no renovar como es este caso, el concierto educativo.

Nos parece esta sentencia tiene un marcado carácter ideológico y político de la señoría que la ha dictado pero nos parece que los jueces que quieran hacer política no deben hacerlo en un juzgado sino que deben presentarse a las elecciones.

Álvaro Sanz, Coordinador General de IU Aragón.