El jueves 17 de octubre tuvo lugar un acto público organizado por Izquierda Unida Alcañiz, en el que esta formación política llevó a cabo una explicación y una valoración política de la reciente sentencia que anula la prórroga del contrato de aguas de la ciudad de Alcañiz, prórroga que había sido decidida unilateralmente por el Alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, y su equipo de gobierno (PP).
Cabe recordar que, tras la sentencia, el Alcalde se apresuró a comunicar su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), intención que fue ratificada por el Pleno del pasado 7 de octubre, con los únicos votos favorables del PP, la abstención de PAR y PSOE, y el voto en contra de IU.
En la jornada de ayer, casi 50 personas pudieron conocer de primera mano los antecedentes de este proceso, los argumentos jurídicos esgrimidos, y las perspectivas que se abren. Desde IU hemos sostenido que la decisión de recurrir esta sentencia es un error político y jurídico de primer orden, por los siguientes motivos, que fueron expuestos en el acto de ayer:
- La Sentencia es clara y contundente al establecer motivos que provocan, cada uno por sí solo, la nulidad de la prórroga en cuestión: a) la ampliación del plazo no contemplada por el pliego vigente, b) la modificación de otras condiciones esenciales del contrato (precio, prestaciones, régimen de contribución del concesionario), y c) la ausencia de informe del Interventor municipal a la Adenda que finalmente se llevó a Pleno.
- La Sentencia indica que, en caso de ser necesarias las modificaciones mencionadas, debería haberse resuelto el contrato y licitarse de nuevo, en la forma legalmente prevista.
- Entendemos que, en aplicación del interés público, éste quedaría realmente cumplido asumiendo el contenido de la Sentencia y abriendo un nuevo concurso, donde los licitadores –incluido el actual- pudieran presentar ofertas técnicas y económicas que mejorasen las actuales condiciones. Y todo ello dentro del mandato de la actual Corporación, que es donde se ha generado la ilegalidad.
- Las actuales condiciones, de hecho, pueden ser fácilmente mejorables, ya que pueden calificarse de leoninas: un contrato casi a perpetuidad, donde el Ayuntamiento termina pagando a la empresa más del doble de lo que pidió anticipado.
- Un fallo desfavorable, el día de mañana, además de altamente probable, no haría sino complicar aún más la situación para la Corporación que rigiese la ciudad en ese momento, viéndose obligada a asumir costes añadidos e innecesarios.
Por otra parte, el caso permitió abrir el debate sobre el carácter público del agua: en España, se está asistiendo a una nueva burbuja financiera, del agua en esta ocasión, alimentada por las necesidades económicas de los Ayuntamientos y por una legislación totalmente favorecedora de los intereses privatizadores. Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas, con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia.
IU muestra su satisfacción por la respuesta ciudadana ante la convocatoria realizada, recuerda que sigue vigente la petición de dimisión del Alcalde Suso por su manifiesta incompetencia y modo caciquil e ilegal de gobernar, y asegura que las consecuencias políticas de la Sentencia no se terminan con la “huida hacia adelante” del recurso ante el TSJA.