Izquierda Unida coordinará iniciativas en el Parlamento Europeo, el Congreso, las Cámaras autonómicas, Ayuntamientos, Diputaciones y Comarcas para llevar a las instituciones la voz de la ciudadanía que clama contra el uso de la fractura hidráulica para la extracción de gas (fracking). Un trabajo que se realizará de manera coordinada con las plataformas que se han creado en todo el Estado para luchar contra esta práctica.
Esta es una de las conclusiones de la jornada organizada en el Europarlamento ayer y hoy por el Grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE), del que forma parte Izquierda Unida, y el Grupo de Los Verdes sobre prospecciones petrolíferas y sobre fracking. Este último tema es el que se ha tratado a lo largo de esta mañana en una mesa de trabajo moderada por Adolfo Barrena, Coordinador de IU Aragón y Secretario federal de Energía de IU. Junto a Barrena, ha participado la eurodiputada de IU Paloma López Bermejo, y once plataformas contra el uso de la fractura hidráulica como Aragón Sin Fractura, así como organizaciones contra el fracking de La Rioja, Cantabria, Andalucía, Murcia, Cataluña, País Vasco, Paìs Valencià y Castellón.
Además, Barrena ha apostado por la suma de apoyos con el objetivo principal de conseguir crear un gran frente social formado por ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos que rechacen el fracking y apuesten por un nuevo modelo energético, sindicatos, vecinos y vecinas de las zonas amenazadas por el uso de esta técnica y las plataformas.
Para el Coordinador General de Aragón, nos encontramos en un momento «serio y delicado» por la apuesta neoliberal por esta práctica y la llegada a la UE de Arias Cañete. En este sentido, Barrena ha recordado la etapa del nuevo Comisario de Energía Medio Ambiente como ministro, momento en el que aligeró los requisitos para la evaluación de impacto ambiental y abrir de par en par la puerta al fracking.
En cuanto al Gobierno central, Izquierda Unida insiste en su «empeño» central por el uso del fracking. Prueba de ello son los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente Mariano Rajoy, contra la Leyes que regulan la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de La Rioja de la técnica de fractura hidráulica (fraking) como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Leyes promulgadas en sus respectivos parlamentos que el Ejecutivo quiere «tumbar» de la mano del Tribunal Constitucional y como «herramienta» para evitar que las Comunidades Autónomas legislen sobre el fracking y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al uso del mismo.
Lo que pretende Rajoy es asegurar «vía libre» para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental, cuando «el Gobierno central no solo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los parlamentos autonómicos, sino que debe tomar ejemplo cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes», ha aseverado el dirigente federal.
«Esta situación nos lleva a realizar una intensa labor de concienciación ante el interés mercantilista e irresponsable del PP y su claro posicionamiento con las multinacionales antes que con la ciudadanía, que rechaza la fractura hidráulica”, ha apuntado.
Por ello, Izquierda Unida apuesta también por un trabajo enmarcado en informar a la ciudadanía sobre el fracking, que plantea interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse, tal y como ha puesto en evidencia el Proyecto Castor en Castellón, y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo.
El fracking en Aragón
En cuanto a los permisos de investigación que se han solicitado en Aragón, Barrena ha reiterado que existe «una preocupación social importante por los riesgos que supone la puesta en marcha de la extracción de gas no convencional mediante esta técnica que, de implantarse en nuestro territorio, conllevaría un irreparable daño a nuestra Comunidad, en especial en la seguridad sobre la salud de las personas y sobre una de nuestras principales señas de identidad, como es nuestro rico patrimonio natural”. Cabe recordar que “el conjunto de todos estos proyectos abarca amplias zonas de las tres provincias aragonesas, afectando a más de 100 municipios y 6.000 km2”. Ante esta situación, ha apuntado que Aragón tiene competencias para regular esta actividad en virtud de lo establecido en los apartados 8.º, 22.º, 32.º, 41.º y 48.º del artículo 71 del Estatuto de Autonomía, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 75 del mismo cuerpo legal.