La portavoz de IU en la Diputación Provincial de Teruel, Amor Pascual, ha presentado una iniciativa para llevar el debate sobre los recortes sanitarios al próximo Pleno.
La propuesta insta al Gobierno Central a retirar el Real Decreto-Ley de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por suponer un serio ataque al acceso a la sanidad pública. Y al Gobierno de Aragón a que ejerza las competencias en sanidad que tiene transferidas y que en Aragón se mantenga la tarjeta y la atención sanitaria universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan, y se siga atendiendo a los inmigrantes sin papeles como están haciendo comunidades como País Vasco, Andalucía, Asturias, Galicia, Navarra, Castilla-León o Canarias.
Esta moción ya fue aprobada a iniciativa de IU en el último pleno de la Comarca del Bajo Aragón.
PROPUESTA
El Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supone la ruptura y el comienzo de la aniquilación de la sanidad que hemos construido en España en los últimos 30 años.
Medidas incluidas en este Real Decreto como el copago en los medicamentos a los pensionistas o el incremento de su aportación a los no pensionistas, perjudican directamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cargando en este caso contra las personas enfermas, en la cual su enfermedad les va suponer, además de una merma en su bienestar físico, también en su economía. Evidentemente no va a suponer ningún problema a las capas más acomodadas de la sociedad sino a los más desfavorecidos. Los pensionistas que cobren pensiones mínimas, van a tener que optar entre pagar los medicamentos o los alimentos, aspecto que nos parece totalmente intolerable, además de moralmente inaceptable.
La otra “gran” medida de este Real Decreto que se implantó este 1 de septiembre fue la retirada del acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular. Y están actualmente de manera irregular porque perdieron su trabajo, por culpa de una crisis que no crearon. Pero ahora se les tacha de ser los causantes de déficits y sobrecostes en la sanidad pública, aspectos y acusaciones que no podemos tildar de otra manera que no sea de racista y xenófoba. La retirada de la tarjeta sanitaria a las 153.000 personas que van a quedar en esta situación, va suponer según los cálculos realizados un ahorro de 500 millones de euros. Por esta paupérrima cifra van a exponer la salud de miles de personas que perderán su tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre. Personas que ayudaron al crecimiento de España en las vacas gordas, pero que ahora en las vacas flacas, les quieren dar la patada de una manera vergonzosa. Cuando se están inyectando miles de millones de euros de dinero público a la banca privada para salvar a estas entidades de la bancarrota, por culpa de la avaricia especuladora y desmedida de sus gestores, a su vez se niega el derecho a salud de los ciudadanos por ahorrar apenas una minúscula parte de lo que están inyectando en las entidades financieras.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 14. Derecho a la Salud, dice lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes.
Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario. “
Por todo ello, se propone el siguiente ACUERDO:
1.- Instar al Gobierno Central a retirar el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por suponer un serio ataque al acceso a la sanidad pública.
2.- Instar al Gobierno de Aragón a que dentro de su autonomía, ejerza las competencias en sanidad que tiene transferidas y que en Aragón se mantenga la tarjeta y la atención sanitaria universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan. Y se siga atendiendo a los inmigrantes sin papeles como están haciendo comunidades como País Vasco, Andalucía, Asturias, Galicia, Navarra, Castilla-León o Canarias.
Teruel, 17 de septiembre de 2012
Amor Pascual Carceller, Diputada Provincial IU
La propuesta ha sido aprobada por mayoría en el Pleno de la DPT del 24 de septiembre de 2012.