IU Aragón ha trasladado a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, La Izquierda Plural, su denuncia por la reiterada prohibición de la Delegación del Gobierno en Aragón sobre las manifestaciones que incluyen en su recorrido la calle Alfonso I de Zaragoza. Una cuestión sobre la que ha solicitado información al Gobierno central el portavoz de Interior de La Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha solicitado al Gobierno central.
La Delegación del Gobierno en Aragón lleva prohibiendo, desde hace unos meses y de manera reiterada, el recorrido de manifestaciones sobre educación por la calle Alfonso I, que, casualmente, es donde vive la consejera aragonesa de Educación, Dolores Serrat. El pasado 18 de abril había sido solicitada, en tiempo y forma, una manifestación a favor de la educación pública que de nuevo volvió a ver cómo fue denegado su recorrido por la citada calle por parte del subdelegado del Gobierno en Zaragoza. Así, la marcha reivindicativa fue desconvocada por las organizaciones sociales y sindicales organizadoras de la misma y sobre lo que IU denunció que la Delegación del Gobierno “negaba, una vez más, la libertad de expresión y manifestación de los convocantes”.
Para el Coordinador de IU Aragón, Adolfo Barrena, “es indignante que, en un contexto democrático, la derecha insista en criminalizar las protestas ciudadanas” y recuerda que su formación política ha denunciado en reiteradas ocasiones la pésima y nefasta gestión de Serrat al frente del Departamento de Educación y la criminalización del Gobierno a quienes, legítimamente, expresan en la calle su desacuerdo con su gestión. En cuanto a las manifestaciones convocadas en defensa de la educación pública, Barrena insiste en que son protestas pacíficas, acciones reivindicativas en rechazo a los brutales recortes que está sufriendo la educación pública.
Por ello, Ricardo Sixto ha solicitado al Gobierno que aclare si no está prejuzgando con esta decisión de la Delegación del Gobierno un determinado comportamiento de los manifestantes e informe si Interior a dado órdenes a las respectivas Delegaciones del Gobierno y en concreto a la de Aragón, de prohibir aquellas manifestaciones democráticas si el recorrido solicitado coincide con la vivienda de un cargo público relacionado con el motivo de la convocatoria. En este sentido, IU solicita al Ejecutivo que diga si los convocantes de una manifestación deberán conocer a priori los domicilios de los distintos cargos públicos y sus competencias, con el fin de que en su solicitud se tenga en cuenta esta circunstancia, y en este caso, IU pregunta so se harán públicos los domicilios de los distintos cargos públicos.
“Es, desde el punto de vista democrático, inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas”, declara Adolfo Barrena para denunciar “la campaña puesta en marcha por la derecha, alimentada por determinados medios de comunicación, pretende establecer un cordón de seguridad que impida el ejercicio de un derecho democrático como es el de la manifestación en una calle pública por el mero hecho de que, en esa calle, resida un cargo público”.