Izquierda Unida Aragón participará en la manifestación convocada este sábado, 15 de octubre, en Zaragoza, contra la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA) entre Canadá y la UE y del Acuerdo de libre comercio e inversiones entre ambos, conocido como TTIP. Una movilización que partirá a las siete de la tarde desde la plaza Paraíso y que está organizada como culmen de los actos programados en la campaña “No al TTIP” desde el pasado 8 de octubre y que tienen el objetivo de que el actual Gobierno en funciones no dé luz verde a la aprobación del tratado comercial y financiero entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, en la cumbre que se celebrará en Luxemburgo el próximo 18 de octubre.

Desde la campaña ‘No al TTIP’, de la que Izquierda Unida forma parte junto a sindicatos, fuerzas políticas y organizaciones sociales de diferentes ámbitos, exigen la suspensión de los mal llamados acuerdos de librecomercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU.

“Estamos convencidos de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales”, señala el Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena, quien hace un llamamiento a la participación masiva en esta movilización.

Acuerdo negativo para Aragón

“El acuerdo afectará a las normativas en materia de agricultura, ganadería, servicios públicos, derechos de los consumidores o salud pública, todas ellas áreas en las que los Estados miembros tienen competencia”, advierte la portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, quien presentará en el Pleno de la próxima semana una proposición no de ley con el objetivo de trasladar esta reivindicación a propuesta de la Plataforma “No al TTIP”, de la que forma parte.

De firmarse el acuerdo, éste podría restringir la capacidad de los gobiernos autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas. Además, en el documento hay un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación y que podrían afectan negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de Aragón y de las autoridades provinciales y municipales.

También los servicios públicos se verán seriamente afectados ya que el CETA no los excluye y, teniendo en cuenta que al menos 11 Estados miembros de la UE (entre ellos España) se han comprometido a liberalizar los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad, “tales compromisos podrían colisionar con medidas de las Cortes de Aragón para proteger el sector de salud y de atención social a largo plazo”, denuncia.

Para IU, tanto las Cortes de Aragón como el Gobierno deben velar para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y, en particular, cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos sociales y normas medioambientales vinculantes, así como que cumpla con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales.

“Que el CETA se apruebe por imposición no parece la idea más sensata teniendo en cuenta el impulso que está tomando la extrema derecha en Europa”, concluye Luquin para alertar que este “impulso se va a ver multiplicado por el Brexit”.