Izquierda Unida Aragón participará en el acto informativo y de denuncia por el cambio en la ley de aguas y ríos de Aragón y la derogación del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) convocado por la Red de Agua Pública de Aragón (Rapa), de la IU forma parte, este domingo, 4 de junio, 12.00 h, en la plaza San Felipe de Zaragoza. La delegación de IU Aragón estará encabezada por su responsable de Organización y Finanzas, Jorge Sanz.

Este acto promueve la movilización ciudadana ante la obligada entrega del padrón municipal por parte del Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón para efectuar el cobro del ICA a los vecinos y vecinas de la capital aragonesa.

Desde Izquierda Unida tachan de “injusto” el proceso iniciado para cubrir los costes de un Plan de Saneamiento y Depuración “deficitario” y ejemplo de mala gestión de los recursos públicos, tal y como también valora en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón.

“Las vecinas y vecinos de Zaragoza seremos los más perjudicados por este injusto proceso”, denuncia Sanz en relación con la obligación a la que se ha sometido al Ayuntamiento para entregar los datos del padrón para efectuar el cobro del impuesto. “Además, añade, se grava doblemente a poblaciones q tienen depuradora, como Zaragoza”.

Al igual que Rapa, IU exige una auditoría del Plan de Depuración y Saneamiento y del Instituto Aragonés del Agua (IAA), desde el mismo comienzo de sus actuaciones. Una reivindicación que la formación política y social ha trasladado a través de sus cargos públicos en las instituciones en donde tiene representación.

 

Desde IU lamentan que este Plan se concibiera “como un oscuro negocio que ha transferido ingentes cantidades de dinero público a manos privadas de manera injustificada, y no como un servicio público esencial para la ciudadanía y nuestros ríos que debía ser gestionado con eficiencia como un servicio de interés general”. Además, Sanz denuncia la constatación de la sistemática sobredimensión de las depuradoras para generar altos márgenes de beneficio y el veto a las tecnologías extensivas, recomendadas por los especialistas para municipios de menos de 3.000 habitantes, mucho más eficaces y económicas.

En su opinión, es el momento de revisar y reformar la ley de aguas y ríos de Aragón y derogar el ICA.