IU Aragón hace un llamamiento a la participación masiva en la manifestación convocada por Desahucios Aragón – Plataforma de Afectados por la Hipoteca mañana sábado, 28 de febrero, 12.00 h, en la glorieta Sasera de Zaragoza. Así, una delegación de la formación política y social encabezada por su Coordinador General, Adolfo Barrena, y los concejales de IU en el Ayuntamiento zaragozano, Pablo Muñoz y Raúl Ariza, participarán en la movilización convocada para exigir una normativa aragonesa que resuelva la “sangría de desalojos forzosos en Aragón”.
Izquierda Unida apoya esta reivindicación y, por ello, se suma a la exigencia urgente de una normativa aragonesa que impida los desahucios. Por ese motivo, exige un Decreto Aragonés de Vivienda que garantice la moratoria de los desahucios en casos de primera vivienda en propiedad y por causas sobrevenidas, así como el realojo y alquiler social, también en casos de arrendatarios/as, para por fin lograr un ‘Aragón Sin Desahucios’.
Así, desde todas las instituciones en las que tiene representación, Izquierda Unida ha presentado mociones, como la que se debate hoy en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en defensa de la moratoria de los desahucios, el realojo y el alquiler social. Trasladando de esta manera, la iniciativa de Stop Desahucios Aragón – Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la que reclama una legislación aragonesa que impida el drama de los desahucios.
“Incidimos en situación de emergencia social que hace imprescindible que se tomen medidas urgentes, garantizando la moratoria de los desahucios a deudores de buena fe, así como el realojo de las familias que no puedan pagar su alquiler”, señala el concejal Pablo Muñoz para recordar que “todo ello es imposible sin un parque público de vivienda suficiente para acoger a las familias en riesgo que han solicitado vivienda de alquiler social”.
Por su parte, Adolfo Barrena reitera que el Gobierno de Aragón tiene “la obligación de garantizar unos requisitos mínimos de subsistencia” a la ciudadanía con ayudas como el Ingreso Aragonés de Inserción, pero también debe “garantizar el derecho a un techo de todos los aragoneses y aragonesas” y añade que la política de vivienda se rige por el plan estatal y por el plan aragonés que, en este caso, “ha supuesto un parón absoluto” en materia de vivienda pública social.
Izquierda Unida, ante las graves consecuencias de la crisis en la economía de las familias y en consonancia con su defensa de la vivienda como un derecho, demanda la paralización de ejecuciones hipotecarias, facilitando la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con importes máximos de del 30% de la renta del arrendatario, así como una bolsa de alquiler social dotada con 5.000 viviendas en Aragón para dar respuesta a las necesidades detectadas en la Comunidad.