La continua utilización de la tijera (auténtica herramienta de la crisis) que está haciendo el Partido Popular supone la quiebra y ruptura del Pacto Social sobre el que se asienta un sistema democrático.
El Pacto Social es sencillo: La ciudadanía paga impuestos directos según su renta y patrimonio y el Estado garantiza los servicios públicos y atiende las necesidades sociales. Con la herramienta de la crisis en la mano, el PP ha decidió que, además de los derechos laborales, los cuatro pilares básicos del estado del Bienestar (Educación, Sanidad, Pensiones y Servicios Sociales) sufran la dureza del recorte con la justificación de la crisis.
Justamente, cuando la crisis y el desempleo llevan a la pobreza a familias enteras, cuando se desahucian las viviendas de quienes no pueden pagar su hipoteca, cuando miles y miles de jóvenes están sin futuro laboral, cuando miles y miles de personas desempleadas agotan las prestaciones y subsidios a las que tienen derecho,… en estos duros y dramáticos momentos, el gasto social se reduce.
Ya ni siquiera se molesta el PP en intentar mantener aquel engaño reiterado de que el gasto social no sufriría por la crisis. No hay más que ver los Presupuestos para comprobar que ha sido reducido. No hay más que leer los últimos decretazos sobre el recorte en Educación y Sanidad. No hay más que leer la orden de paralización de la aplicación de la Ley de dependencia. No hay más que leer los Planes de Equilibrio Financiero. Es una evidencia: el gasto social ha sufrido el tijeretazo.
Los Servicios Sociales adelgazan cuando más necesarios son y se derivan las urgencias y necesidades hacia las ONG’s que, también han sufrido recortes, que ven como no se renuevan convenios. Estas organizaciones no tienen recursos ni infraestructuras para atender todas las necesidades. El Estado y las Administraciones públicas “olvidan” que el tercer sector es complementario y, por ello, nunca debe suplir a las administraciones que son quienes tienen la obligación de atender las necesidades sociales.
Reducir el gasto social afecta gravemente a la ciudadanía. Convierte derechos en beneficencia y agrava la dureza de la crisis para quienes, sin haberla causado, son víctimas de ella.
Dejar a la gente sin otra alternativa que los comedores sociales es atentar contra su dignidad, destruye la autoestima, atenta contra la persona y la deja en claro y grave riesgo de exclusión social.
Siempre, pero especialmente en situación de crisis, los derechos están por encima de la caridad. Hablamos de derechos constitucionales.
Nos argumentan que el nuevo Artº 135 de la Constitución, aquel que pactaron PP y PSOE, obliga al ajuste y al recorte. Pero no quieren saber nada del Artº 10, que declara inviolable el derecho a la dignidad de la persona ni del Artº 41, que garantiza la asistencia y prestaciones sociales en caso de necesidad, especialmente en situación de desempleo.
La beneficencia y la caridad son propias de siglos pasados y claramente contrarias al estado de derecho democrático moderno.
Lo indignante es que se justifique esta ruptura del pacto social alegando escasez de recursos económicos y necesidad imperiosa de recortes del gasto social. Recursos hay pero no quieren cogerlos. La Derecha y el Partido Popular prefieren castigar a los más débiles antes que enfrentarse con los poderes económicos, con los grupos financieros o con las clases sociales que tienen las rentas más altas y que, además, no pagan impuestos.
Prefieren dar una amnistía al fraude fiscal y al dinero negro en vez de perseguir estos delitos con energía. Prefieren “rescatar” al sistema financiero antes que rescatar a la ciudadanía del desempleo y de la pobreza. Y en este contexto nos salen el PP y la Derecha pidiendo a la gente que acepte y acate los recortes. Hablan de excesos en las manifestaciones y actos reivindicativos y se atreven a insinuar que hay una “guerrilla urbana” organizada. Cuando se rompe, o degrada hasta lo inaceptable el pacto social es legítimo, saludable y democrático que la ciudadanía se rebele y reclame sus derechos. ¡Nos vemos en las calles¡.