La Reforma Laboral entra en el Sector Público y abre la puerta a los despidos del Personal Laboral.

Como todos y todas sabemos uno de los objetivos de la Reforma del Mercado Laboral, (contra la que hicimos Huelga el 29 M) es facilitar el despido tanto en el sector público como en el privado.

En las Administraciones Públicas afecta al Personal Laboral ya que sus relaciones laborales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores que es el texto que ha reformado Rajoy. Quienes son laborales y trabajan en las Empresas, Consorcios, Fundaciones y Entes Públicos y, también, quienes son personal laboral de plantilla de  los ayuntamientos, de las comarcas, de las Diputaciones o del Gobierno de Aragón, ya pueden sufrir un Expediente de Regulación de Empleo y ser despedidos.

Bastará, así lo señala la Disposición Adicional 2ª del decreto-ley de la reforma, que  la Administración o Empesa Pública correspondiente, justifique nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. No necesitan más para aplicar un ERE por causas económicas y despedir al personal laboral con una indemnización de 20 días por año trabajado sin, siquiera, necesitar que la autoridad laboral lo apruebe.

Esta Reforma prohibe al Sector Público aplicar ERES de suspensión temporal de empleo o de reducción de jornada. Tan sólo permite aplicar los de suspensión de relación laboral lo que significa despidos. Es evidente que esta decisión se toma con el objetivo claro de facilitar el ajuste presupuestario que impone el Gobierno Central mediante el despido de personal laboral.

Esto es una discriminación lesiva para los trabajadores y trabajadoras laborales del Sector Público. En el sector privado, cuando una empresa sufre dificultades económicas puede optar por la suspensión temporal de contratos o por la reducción de jornada. La empresa que toma esta decisión recibe una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Los trabajadores y trabajadoras afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho a cobrar luego el paro si definitivamente acaban perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta posibilidad para los laborales del Sector Público que sufran un  ERE por decisión de la Administración que les tiene contratados o contratadas.

Es absolutamente inaceptable que la administración que aprueba y gestiona sus presupuestos pueda invocar la “insuficiencia presupuestaria” para justificar el despido colectivo por motivos económicos. Estamos ante una flagrante vulneración del derecho de quienes pueden ser víctimas de un ERE  en los entes y organismos públicos ya que la Administración o Empresa Pública que aplica el ERE es la que aprueba el presupuesto y, por consiguiente, es la propia responsable de la “insuficiencia presupuestaria” que lo justifica .

El trabajador o trabajadora laboral del sector público queda absolutamente indefenso y sufre las consecuencias ya que la Reforma Laboral impuesta facilita y abarata el ERE y permite a la Administración provocar la causa que motiva el despido.

Puedo entender que sea necesario reordenar los recursos humanos pero creo que, en un país democrático y serio, eso debe hacerse negociando en las Mesas y Organos de Representación de los trabajadores y trabajadoras las posibles medidas de ordenación de las necesidades de personal que, en todo caso, deberán ser acordes con un Plan de Ordenación de Recursos Humanos previamente aprobado tras la negociación con los representantes del personal afectado. Ese Plan debe valorar las necesidades de personal, las posibilidades de recualificación, recolocación, medidas de movilidad dentro de la misma u otras Administraciones y todo ello dentro de un Plan de Viabilidad y Sostenibilidad Económico-Financiera que habrá de ser presentado a los Representantes de los Trabajadores y a los Grupos Parlamentarios que deben controlar la acción del Gobierno.

No podemos permitir más pérdidas de empleo ni seguir aceptando que la crisis es la excusa para acabar con los servicios públicos y con el empleo de quienes trabajan en ellos.

Adolfo Barrena (Coordinador General de I.U. Aragón)