Acaba de salir la sentencia del Tribunal Constitucional de un hecho que ocurrió hace más de 10 años: Una profesora de religión fue despedida de su trabajo, o no renovada, que para el caso es lo mismo, por haberse casado con un divorciado.
No había ninguna queja de sus conocimientos doctrinales ni de sus aptitudes pedagógicas. El problema es que era un mal ejemplo para sus alumnos. Era una pecadora, según la doctrina que impartía.
El Tribunal Constitucional sentencia ahora que el hecho de ser profesora de religión no anula sus derechos fundamentales, uno de ellos es organizar como le plazca su vida privada. Es decir, que los derechos fundamentales amparados en la Constitución están por encima de las normas católicas.
Un primer comentario que me viene a la cabeza es que esta misma Iglesia Católica no tuvo ningún reparo en casar a una divorciada con el Príncipe Felipe. Y no es que se casaran en una ermita perdida y por un cura desconocido. Fue Rouco Varela en la catedral de la Almudena, quien les casó, con todo el bombo y platillo.
Debería la Iglesia, que tanto mira a la profesora Galera la consecuencia de sus actos con lo que enseñaba, la coherencia entre sus propias actuaciones y la doctrina. Actuaciones que, en el caso de las anulaciones de las bodas eclesiásticas a quienes pueden pagarlas, es un escándalo mayúsculo.
Pero el asunto tiene connotaciones económicas importantes. Parece que, debido al Concordato, es el Estado quien tiene que pagar los 200.000 € que ha dejado de percibir durante este tiempo la profesora. O sea, que un obispo comete una ilegalidad, y lo tenemos que pagar el resto de ciudadanos.
Y no acaba ahí la cosa. Según los medios de comunicación, dice el actual obispo que no la va a readmitir como manda la sentencia. Una rebeldía inasumible en un estado democrático. Ya sé que hay también empresarios que se niegan a readmitir a los trabajadores con despido nulo. Igual de impresentables esos empresarios que el obispo.
Lo más probable que ocurra es que el obispo fuerce un acuerdo amistoso en el que la profesora Galera defenderá sus derechos y sacará lo más que pueda. ¿45 días por año trabajado? Que tendremos que volver a pagar los ciudadanos de a pie, por la rebeldía de una Iglesia mimada por el gobierno.
¿Para cuándo la anulación del Concordato?
Teruel, 15 de enero de 2012
José María Martínez Marco
Coordinador IU Teruel