Nuestra portavoz en la Diputación Provincial de Teruel, Amor Pascual, ha presentado esta mañana una iniciativa para rechazar el recorte de profesorado previsto para el curso 2013-14 en los Centros educativos de la provincia, y mantener el estándar mínimo actual de calidad de la escuela pública rural.

Los Presupuestos de la DGA para 2013, recientemente aprobados por  los Grupos Parlamentarios de PP-PAR en las Cortes de Aragón, contemplan un importante recorte en el Departamento de Educación y, dentro de este Departamento, un importantísimo recorte en personal, Capítulo 1, que llega hasta los 90’5 mill€ menos que el año 2012, que, a su vez, ya tuvo importantes descensos sobre años anteriores. Por hacer una comparativa, los 90’5 mill€ menos suponen un descenso de un 14% sobre lo presupuestado en 2012.

Dentro del Capítulo 1 recortado en el Departamento de Educación, adquiere especial importancia la afección que esto supone ala Dirección General de Ordenación Académica que concentra 83 de los 90’5 mill.€ y que supone un descenso del 16% sobre el año 2012, en esta Dirección General. Debemos tener en cuenta que la Dirección General de Ordenación Académica computa el profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria-Bachillerato y Formación Profesional.

Sorprende que, también dentro del Capítulo 1-Gastos de personal,la Secretaría General Técnica de Educación, en los apartados de Altos Cargos y Personal eventual del Gabinete no sólo no tienen recortes, sino que mantiene exactamente el mismo dinero presupuestado que en 2012.

Y también resulta paradójico que la partida dedicada a transferencias a los Colegios privados Concertados tiene un ligero recorte que no llega a un 1% menos que en 2012.

Es de imaginar que un recorte en personal docente del 16% va a suponer consecuencias muy graves en materia de contratación de profesorado, que podrían afectar a miles de profesores contratados menos para el próximo curso, o a recortes muy severos en los sueldos de los docentes, o ambas cosas. Aspecto que, sin remedio, afectará de manera muy notable a la calidad de la enseñanza pública, especialmente después de haber sufrido recortes de 1.100 profesores menos en este curso 2012-13, según indican los sindicatos del sector.

Los primeros indicios que tenemos en estos momentos sobre el desarrollo de los Presupuestos de Educación para 2013 son las Mesas Técnicas de planificación de plantillas de profesorado para el curso 2013-14, en Teruel.

En ellas, hay una previsión para Centros educativos de la provincia de Teruel de supresión de 23 unidades y supresión de 79 maestros-profesores, lo que supone un golpe de muerte para nuestra provincia. Esta previsión de recorte de plantilla es muy grave y pone en riesgo los derechos del mundo rural, la calidad, la equidad, la atención al alumnado más necesitado, y nos retrotrae a varias décadas atrás.

En general, los casi 80 maestros y profesores menos previstos para Teruel para el curso 2013-14 ahondan en las agresiones que viene registrando el mundo rural desde hace años: la pérdida constante de puestos de trabajo, la dificultad para la búsqueda de nuevas alternativas laborales en los pueblos y comarcas, la pérdida de servicios públicos esenciales, la inferioridad en el desarrollo de infraestructuras de todo tipo, la marcha de los jóvenes en búsqueda de futuro, el abandono paulatino del sector agropecuario, etc, etc.

Es decir, una constante reiteración de acciones contrarias al mundo rural, en las que cobran especial importancia la pérdida de los servicios públicos básicos.

Por todo ello, IU propone que el Pleno adopte el siguiente  ACUERDO:

1º.- El Pleno de la Diputación Provincial de Teruel rechaza de manera frontal el recorte en profesorado previsto para el curso 2013-14 para los Centros educativos de la provincia de Teruel.

2º.- Solicita al Departamento de Educación, en este caso a la Directora provincial de Educación de Teruel, que mantenga el estándar mínimo actual de calidad de la escuela pública rural de Teruel, sin producir recortes de profesorado, que causarían un daño irreparable al servicio público educativo.