“Con el discurso de Montoro queda claro que el PP quiere alejar al Ayuntamiento como principal valedor de la ciudadanía frente a la crisis”. De este modo, el responsable federal de Política de Grandes Ciudades de Izquierda Unida, José Manuel Alonso, ha destacado la importancia de “expresar el rechazo institucional y ciudadano a esta involución de la democracia local y el municipalismo”.
Alonso ha asistido esta mañana a la Comisión en la que representantes de las Comunidades Autónomas y ciudades planteaban sus reticencias y propuestas de modificación de la ya conocida como “Ley Antiayuntamientos”. En esa sesión, el senador de IU José Manuel Mariscal ha presentado alegaciones para mostrar el más rotundo rechazo a la reforma de la Administración local del PP.
“Parece que Cristóbal Montoro no haya leído la Ley que él mismo plantea”, ha señalado Alonso. “Del mismo modo que resultan increíbles sus declaraciones sobre la mejora de la situación económica del país en cuanto se pone un pie en la calle –declara-, su posición sobre el recorte de la autonomía local o su teoría sobre garantizar los servicios públicos desde la iniciativa privada no se sostiene”.
De entre las tesis defendidas por el ministro de Hacienda, Alonso ha criticado que “no es democráticamente correcto atribuir las competencias que Montoro plantea dotar a las Diputaciones, por su ineficacia probada y por su carácter institucional”. Asimismo, ha destacado que “no puede sacar pecho de una financiación en base al pago a proveedores que no hace sino financiar a los bancos a través de las administraciones públicas, puesto que el Estado presta dinero a un pool bancario que, a su vez, lo presta a las entidades locales con un 6% de interés, esquilmando la autonomía municipal y su capacidad de acción política”.
En definitiva, Alonso ha concluido que “la Ley que Montoro ha defendido hoy en el Senado coloca las competencias municipales en manos de la iniciativa privada de modo arbitrario”.
El “desmantelamiento” de las entidades locales
Desde Izquierda Unida se insiste en que “esta es una Ley contra los derechos de la ciudadanía y contra los servicios públicos de proximidad que prestan los ayuntamientos; una ley contra nuestros pueblos y la democracia”. También se advierte de que son precisamente los servicios públicos más demandados por las familias en época de crisis y emergencia social los que el PP plantea eliminar. “La ayuda a domicilio, la atención a mayores y dependientes, las políticas de igualdad y contra la violencia de género, las escuelas infantiles y centros de enseñanza para adultos, el mantenimiento de los colegios públicos, las becas municipales para comedor, libros, etc., o la promoción de vivienda social, entre muchas otras, son algunas de las competencias que el Partido Popular quiere arrebatar a los Ayuntamientos”, ha recordado Alonso.
Ante la propuesta conservadora, Izquierda Unida plantea “más transparencia, más cercanía y más democracia, poniendo las instituciones al servicio de la gente y no de los intereses del mercado”, concluye Alonso.