Frente a las nuevas condiciones impuestas en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, por el cual los ayuntamientos ante cualquier desviación económica, deben dar carta blanca al Estado para intervenir e imponer medidas de ajuste extraordinario, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza afirma que Izquierda Unida “no participará en el desmantelamiento de las competencias de los municipios”
Izquierda Unida denuncia una vuelta de tuerca más en las amenazas del Gobierno central a la autonomía municipal, cambiando, nuevamente, las reglas del juego a los ayuntamientos, lo que se añade al obligado plan de ajuste. “Es una pérdida de democracia brutal que el Estado central, saltándose las competencias, obligue a aceptar ‘voluntariamente’ la imposición de medidas de ajuste extraordinario bajo la amenaza de la asfixia económica”, ha valorado el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso.
Alonso, así como los otros dos ediles de izquierdas, Pablo Muñoz y Raúl Ariza, se han marchado del pleno en un claro gesto de repulsa al mensaje enviado desde Madrid por parte del Gobierno del PP. El portavoz de IU ha aseverado que “no participará en el desmantelamiento de las competencias de los municipios” puesto que “se trata de un golpe de estado sobre la autonomía municipal y, por ende, a la Constitución”. Asimismo, ha comentado que “la lucecita del Pardo se ha trasladado a la Moncloa”.
Esta mañana, ha sido convocado un pleno extraordinario y urgente, motivado por la disposición adicional décima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada el pasado 30 de junio. Para la devolución de los ingresos extra que se recibieron en 2008 y 2009 desde Madrid, el BOE recoge, eufemismos como que “se deberá aceptar la posible imposición –por parte del Estado- de medidas de ajuste extraordinarias”.
El resultado ha contado con el voto a favor de los dos partidos que votaron la modificación de la Constitución para fijar el techo de déficit: PSOE y PP. A partir de esta aceptación, el pleno municipal reconoce de facto al Estado competencias de intervención económica, más allá de lo que fija la Constitución, por las cuales, Madrid podría determinar recortes presupuestarios en el propio Ayuntamiento sin contar con la voluntad de los munícipes.
“El de Zaragoza es un extraño caso, porque, siendo el único ayuntamiento de una gran ciudad no gobernado por el PP, cualquier pérdida de autonomía supone un golpe mucho mayor”, comenta Alonso. “En los ayuntamientos cuyo gobierno está en sintonía con el estatal, esta medida, probablemente, pasaría desapercibida aunque es igual de grave”.
Por último, y en referencia Eloy Suárez, Alonso ha añadido que “una vez más, las actuaciones en Madrid en su papel de diputado del supuesto jefe de la oposición perjudican al Ayuntamiento del que es concejal”.