IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO ESTÁN APORTANDO NINGUNA VIVIENDA AL FONDO DE ALQUILER SOCIAL EN HUESCA.
Desde Izquierda Unida denunciamos en su momento que las medidas en materia de vivienda eran del todo insuficientes para dar cumplimiento a un derecho básico como lo es el tener una vivienda digna. Ahora, y tras la información que hemos recopilado tras haber formulado distintas preguntas en las Cortes, se constata.
En primer lugar, si analizamos el Fondo Social de Vivienda, convenio firmado en enero de 2013 entre el Gobierno Central, la FEMP y 33 entidades financieras, al que se adhirió el Ayuntamiento de Huesca en febrero de 2013. Según este convenio las entidades financieras iban a aportar viviendas para que las personas que habían sufrido un desahucio, pudieran optar a una vivienda en alquiler. En aquel momento, desde IU fuimos críticos porque este convenio no especificaba cuántas viviendas habría para Huesca, limitaba el papel de los servicios sociales a redactar un informe de valoración y dejando la adjudicación de las viviendas a los bancos y no afrontaba otras necesidades de vivienda además de los desahucios. Pero ese convenio también establecía las obligaciones de las entidades financieras, que, entre otras, era dar información a los Ayuntamientos del número de viviendas y sus características.
En el mes de julio de 2014, formulamos una serie de preguntas en las Cortes a través de Miguel Aso, en relación al número de viviendas y a las gestiones del Gobierno de Aragón para impulsar este fondo. La respuesta del consejero es lacónica: ninguna: el gobierno de aragón no participa de este fondo y remite a la bolsa de alquiler como herramienta propia. Pese a que es su responsabilidad en esta comunidad dar cumplimiento a ese derecho, parece no interesarle si las personas desahuciadas pueden acceder o no a una vivienda.
Por tanto, después de 21 meses, no tenemos ninguna información, ni del Gobierno de Aragón ni del Ayuntamiento. Por ello, hemos remitido una serie de preguntas a la concejala de bienestar social. No es admisible que a día de hoy no se haya proporcionado información alguna, ni en comisión ni en ningún otro órgano.
En segundo lugar y con respecto a la bolsa de alquiler social. Registramos una serie de preguntas en las cortes en el mes de septiembre.
El primer bloque de preguntas relativo al número de viviendas y las localidades en las que se ubicaban. En Huesca habría 76 viviendas, procediendo 33 de Suelo y Vivienda de Aragón, 41 de particulares, 2 del Ayuntamiento, 0 de promotores y 0 de entidades financieras. Si los contrastamos con los que teníamos del mes de diciembre de 2013, sólo se ha incrementado el número de viviendas de los particulares. De todo ello se desprenden interrogantes y conclusiones. En Aragón promotores y bancos aportan una cifra baja de viviendas, pero en Huesca, es nula. ¿Por qué no han aportado ninguna?
En el pleno del mes de octubre, formulamos una serie de preguntas, pues percibíamos que las personas solicitantes de vivienda no estaban obteniendo respuesta. Preguntamos cuántas viviendas, datos concretos y acerca también de la metodología. Este asunto, aunque el ayuntamiento no tenga la competencia, merece todo el interés de la alcaldesa y del gobierno municipal, pues las personas que necesitan urgentemente esas viviendas son vecinos de Huesca. Hace unos días, un mes después, hemos recibido la respuesta por escrito, pero sólo nos dice algo que ya sabíamos, que el Ayuntamiento ha aportado dos viviendas a la bolsa, y que ha mantenido reuniones con los bancos, obvio que sin éxito, que dicen no tener viviendas disponibles. Sin embargo los bancos anuncian en sus webs ofertas de pisos. Además nos dice que se informa a los particulares cuando se tiene la oportunidad. No nos dá ningún dato concreto del número de viviendas. Es triste que en un mes este Ayuntamiento no haya podido recabar ningún dato.
En conclusión, se ha creado una bolsa de vivienda en la que las entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con dinero público, tenían que jugar un papel muy importante, poniendo viviendas a disposición. Pero está resultando un fracaso, pues el gobierno de Aragón no está consiguiendo que lo hagan, los datos son contundentes y sobre todo en Huesca, donde no han aportado una sola.
Formulamos otras preguntas relativas a los tiempos de espera, a lo que no se contesta, a los criterios de adjudicación, remitiéndonos al decreto, sobre la implantación territorial de las tres entidades sociales a las que se ha encomendado la gestión de viviendas, y que solo una de ellas tiene oficina en Huesca y no es la que precisamente gestiona las viviendas ubicadas en Huesca. La que lo hace es la fundación Ozanam que no tiene oficina. Desde la Delegación provincial de vivienda envían a las personas a esta fundación, lo que supone una dificultad añadida y una decisión muy desafortunada.
Desde Izquierda Unida defendemos la gestión pública, pues es importante garantizar una gestión correcta de los criterios de adjudicación. Los datos concretos de este convenio que ha firmado el GA con estas entidades son la gestión de 300 viviendas por un importe de 3.400.000 euros hasta 2017.
A modo de resumen: A la luz de los datos, respuestas y sobre todo no respuestas que encontramos por parte de Gobierno de Aragón y de Ayuntamiento, la bolsa de alquiler no funciona. Es un hecho que no hay viviendas suficientes para el número de personas solicitantes que cumplen los requisitos. El fracaso hay que situarlo en que las entidades financieras no están aportando viviendas, en Huesca ni una sola.
Queda patente que no basta con contar con la voluntariedad de las entidades financieras, sino que es necesaria la obligatoriedad, con medidas similares a las que nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Andalucía han puesto en marcha. Si no se cumple con el principio de la función social de la vivienda se abren procesos sancionadores.
Tampoco es admisible que el SAREB, o banco malo, que sirvió para aliviar a las entidades financieras de activos con dinero público, tampoco esté aportando viviendas, ni una tampoco en Huesca, para dar cumplimiento a un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna.
El Ayuntamiento no está haciendo su labor. Si es una competencia de la DGA el Ayuntamiento debería al menos tener algún interés, debería ser capaz de proporcionar datos y de dar alguna explicación por la que las entidades financieras o los promotores no han aportado una sola vivienda.
Algo similar podemos decir del Fondo de Alquiler Social, del que, desde febrero de 2013, fechas en las que se adhirió este Ayuntamiento, nada se ha vuelto a saber.
Desde Izquierda Unida denunciamos claramente, que ante el incumplimiento de un derecho fundamental como es la vivienda, haya tanta laxitud, dejadez y desinterés, en primer lugar, del gobierno municipal.