El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una propuesta de resolución (adjuntamos la propuesta en pdf.) trasladando la iniciativa de Stop Desahucios Aragón – Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la que reclama una legislación aragonesa que impida el drama de los desahucios.
Izquierda Unida comparte y apoya esta reivindicación y, por ello, se suma a la exigencia urgente de una normativa aragonesa que impida los desahucios. Por ese motivo, exige un Decreto Aragonés de Vivienda que garantice la moratoria de los desahucios en casos de primera vivienda en propiedad y por causas sobrevenidas, así como el realojo y alquiler social, también en casos de arrendatarios/as, para por fin lograr un ‘Aragón Sin Desahucios’.
Las medidas adoptadas hasta ahora se hacen totalmente insuficientes, prueba de dicha actuación insuficiente es el convenio firmado el día 2 de febrero entre la SAREB y el Gobierno de Aragón para la cesión del uso por cuatro años de sólo 80 viviendas para todo Aragón cuya gestión además no va a recaer en los Ayuntamientos. Tampoco desde el sector bancario se está colaborando con la cesión de viviendas a las administraciones siendo el Fondo Social de Vivienda un absoluto fracaso con sólo 13 viviendas informadas.
“La situación de emergencia social que hace imprescindible que se tomen medidas urgentes, garantizando la moratoria de los desahucios a deudores de buena fe, así como el realojo de las familias que no puedan pagar su alquiler”, señala la concejala Pilar Novales para recordar que “todo ello es imposible sin un parque público de vivienda suficiente para acoger a las familias en riesgo que han solicitado vivienda de alquiler social”.
Izquierda Unida, ante las graves consecuencias de la crisis en la economía de las familias y en consonancia con su defensa de la vivienda como un derecho, demanda la paralización de ejecuciones hipotecarias, facilitando la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con importes máximos del 30% de la renta del arrendatario, así como una bolsa de alquiler social dotada con 5.000 viviendas en Aragón para dar respuesta a las necesidades detectadas en la Comunidad.