Por medio de la presente declaración, queremos comunicar que Izquierda Unida de Alcañiz va a presentar recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de prorrogar por 29 años la concesión del servicio público de aguas a la empresa Aquagest, a cambio de un anticipo del canon por valor de 2.300.000 euros, reintegrable con intereses a lo largo de dicho periodo de 29 años.
La decisión se produce después de que Izquierda Unida votase en contra en el Pleno del 4 de julio (donde sólo contó con los 5 votos favorables del PP); después de que anunciase en dicho Pleno que se reservaba la posibilidad de acciones legales, y que presentase el 27 de julio un recurso de reposición dentro del propio Ayuntamiento, recurso que no ha recibido contestación. Por tanto, el primero que ha de responder es el Alcalde Suso, explicando a IU y a todos los alcañizanos por qué no se ha dignado contestar a este recurso, o si es que hay que aplicarle el principio de que “el que calla, otorga”.
Recordamos que los argumentos de dicho recurso de reposición fueron tres:
- La decisión de prorrogar nada menos que 29 años el contrato, directamente por el Pleno, basada en el hecho de que el contrato original vigente se realizó en 1994, cuando regía la franquista Ley de Contratos del Estado, que permitía este tipo de prórrogas. Esta interpretación va totalmente en dirección contraria a la actual normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva, además de ser transposición de legislación comunitaria de obligado cumplimiento.
- El hecho de que se anticipe una cantidad y luego ésta se detraiga del canon, supone en la práctica una modificación del precio de contrato y de la forma de retribución del contratista, ambas condiciones esenciales del contrato, cuyo cambio requeriría una nueva licitación, de acuerdo con la legislación vigente.
- Y finalmente, el hecho de recurrir a un anticipo reintegrable con intereses y a 29 años, nos dice que el Ayuntamiento está acogiéndose a una operación financiera a largo plazo para financiar su gasto corriente, algo que siempre ha estado prohibido para los Ayuntamientos, por lo que esta operación podría ser un fraude de ley, a juicio de IU.
Dichos argumentos siguen plenamente vigentes, no han sido contestados en reposición, y constituyen a su vez la columna vertebral del recurso contencioso- administrativo presentado.
Con dicho recurso, Izquierda Unida pretende al menos cinco objetivos:
- Demostrar que el Alcalde Suso y su equipo de gobierno, han cometido una ilegalidad flagrante en el ejercicio de su cargo, al promover y aceptar esta operación de grandes dimensiones financieras y temporales.
- Demostrar, por tanto, que Suso y sus concejales han sido los primeros en saltarse unas reglas de funcionamiento que atañen a todos los ciudadanos, pero aún más a quienes ejercen responsabilidades de gobierno.
- Demostrar que el Alcalde Suso y su equipo de gobierno cerraron una operación que, además de ilegal, es nefasta para los intereses de la ciudad. Una operación, donde se termina pagando casi 5 millones de euros por un préstamo de 2,3 millones, a un plazo absurdamente largo de 30 años que hipoteca el servicio de aguas durante 7 legislaturas completas, con intereses propios de bono-basura cuando no existe riesgo alguno, y donde, a falta de una, se le ofrecen a una empresa privada dos vías de negocio: la gestión del servicio de aguas y el préstamo de dinero con intereses…sin ser un banco.
- Demostrar que existían y existen otras vías para sanear las arcas municipales, menos onerosas para el Ayuntamiento y además legales, como podría haber sido una nueva contratación del servicio de aguas, que en cualquier caso finalizaba en 2017. El Ayuntamiento hubiera obtenido igualmente la liquidez que necesitaba y la empresa hubiera podido percibir la indemnización a que tuviese derecho.
- Todo ello, de acuerdo con el objetivo general de Izquierda Unida de colaborar en todo lo que sea mejorar la situación financiera del Ayuntamiento, siempre y cuando sea por medios legales.
Queremos dejar claro que el presentar este recurso, e incluso el hecho de que el Ayuntamiento lo perdiera, no supondría ni la ruina del mismo ni ninguna situación apocalíptica: queremos adelantarnos de esta manera a interpretaciones maniqueas y demagógicas por parte del Alcalde, del PP y de sus voceros, sobre las consecuencias de este recurso. Y queremos dejar claro que, si en los meses sucesivos el PP vuelve a salir con la tesitura de “O Aquagest, o despidos”, como en su día planteó el Concejal Esparrells, eso será una decisión exclusiva del PP y de su afán ideológico por destruir el empleo público, no una responsabilidad de IU.
No ha sido una decisión sencilla; por el contrario, constituye una decisión muy meditada: somos conscientes de la importancia de un recurso judicial, no hemos ido nunca por esta vía, creemos que las cuestiones de carácter político deben dirimirse preferentemente también por vías políticas, pero entendemos que, cuando las cosas alcanzan una gravedad y un volumen tan importantes como en el caso que nos ocupa, Izquierda Unida no puede permanecer indiferente, y debe utilizar los medios que el Estado de Derecho procura para la protección de la legalidad. En este sentido, la decisión ha sido tomada por unanimidad en el seno de la Asamblea local de IU, con el conocimiento y el apoyo de los órganos de dirección de IU Aragón.
Este recurso constituye la respuesta política ineludible y culminante a la actitud de Suso y sus concejales, que han hecho de la cacicada su modo de gobierno habitual. Lo hemos visto con las playas de la Estanca, con los toros, con patrocinios misteriosos que se niegan a revelar, con doble rasero en la aplicación de las ordenanzas sobre bares y ruidos, con regalos de horas extra a algunos colectivos de trabajadores mientras a otros se les amenaza con despidos y privatizaciones, con aumentos injustificados de partidas para dietas o para publicidad y autobombo…Pero la operación de Aquagest supera, por volumen económico, por duración y consecuencias a largo plazo, todo lo aceptable. En la gestión pública, incluso para un cacique como Suso, no todo vale.
Esperamos que la ciudadanía entienda el paso que hemos dado y esperamos que el alcalde Suso y sus concejales asuman en sede judicial las responsabilidades que no han querido asumir en la vía política.
Alcañiz, 24 de octubre de 2012.