El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en Alcañiz muestra su total rechazo a la operación de tesorería por valor de 1.500.000 € que pretende suscribir el Ayuntamiento, y basa dicho rechazo en los siguientes motivos.
Sobre el fondo: aspectos financieros y políticos.
Vaya por delante que IU no está en contra de las operaciones de tesorería «per se»; es un recurso para generación de liquidez que habilita la Ley, y de hecho IU concertó una operación de este tipo en 2011 (que, por cierto, fue objeto de aceradas críticas por parte del PP-PAR, entonces en la oposición).
Pero en este caso, esta contratación confirma claramente el problema financiero que ya adelantó IU durante el debate del presupuesto 2015: se trata de un presupuesto débil, que depende totalmente del cobro de la licencia del hospital, no ya para hacer frente a inversiones o al pago del ARI (que es la «excusa» utilizada para contratar la operación de tesorería), sino para hacer frente a las obligaciones corrientes (pagar nóminas y facturas): de hecho, el propio pliego señala que se van a dedicar 787.000 € a gasto corriente. Y no serán los últimos; recordemos que, de manera global, al presupuesto de 2015 le faltan otros 821.000 euros de gasto corriente.
Desde el punto de vista político, IU votó en contra del presupuesto 2015 por basarse casi totalmente en un ingreso proveniente de la privatización de un servicio público esencial como es la salud. Esta operación de tesorería, no sólo confirma dicho argumento, sino que lo refuerza, ya que la privatización del hospital está llevando al Ayuntamiento, además, a incurrir en costes financieros adicionales (capital e intereses), con un mayor perjuicio, todavía, para los alcañizanos/as.
Además, IU muestra sus dudas respecto a la legalidad de la operación, ya que este tipo de operaciones tienen carácter extrapresupuestario y deberían cancelarse antes del cierre del ejercicio (31 de diciembre) por lo que no podría concertarse una operación de un año (hasta mayo de 2016). Igualmente, el Ayuntamiento no podría cargar -como se señala en el pliego- los intereses de la operación en el presupuesto de 2016, sino que el PP debería liquidarlos dentro del año y, por tanto, decidir de qué partidas de gasto detrae dinero para hacer frente a dichos intereses.
Y como colofón, en términos financieros, existe un grave riesgo de no poder devolver el millón y medio adelantado, ya que sobre la construcción de este hospital privatizado recaen serias dudas: por un lado, diferentes partidos ya han advertido de su intención de revocar la concesión si llegan a gobernar en Aragón; por otro lado, doce entidades han llevado a juicio el concurso público. La paralización -muy probable- de la privatización del hospital llevaría por tanto al Ayuntamiento de Alcañiz a no poder pagar sus deudas bancarias en tiempo y forma, por primera vez en democracia.
En definitiva, el Ayuntamiento de Alcañiz une aún más si cabe sus lazos con la privatización de la sanidad pública, por obra y gracia del Alcalde Suso, máximo responsable de estos hechos.
Sobre la forma
El procedimiento de contratación de esta operación de tesorería es «marca de la casa PP» en esta legislatura, y causa vergüenza e indignación. Se ha publicado en el perfil del contratante, con nocturnidad y alevosía, sin que en ninguna Comisión de Hacienda (las últimas, celebradas los días 13 y 30 de abril) ni en Junta de Gobierno local (la última, celebrada el 30 de abril) se haya comunicado nada a los grupos de la oposición, y sin que conste el informe de la Interventora municipal.
Además, se lleva a cabo cuando el equipo de gobierno está en funciones y quedan apenas 20 días para las elecciones; este hecho, si bien es legal, demuestra además una palmaria falta de respeto hacia la próxima Corporación, que se suma al desprecio que se ha venido mostrando esta legislatura hacia la oposición en su conjunto.
En definitiva, el Alcalde Suso y sus concejales continúan con su colección de subterfugios financieros que les han permitido ir cuadrando presupuestos en esta legislatura: un anticipo de Aquagest declarado nulo por el Juzgado de Teruel, un presupuesto de 2014 aprobado en fraude de ley, y un presupuesto de 2015 que depende de una licencia de un hospital privado que tal vez nunca llegue, y en base a la cual, sin saber si hay agua, el Alcalde lanza a la ciudad a una piscina de un millón y medio de euros más intereses, que habrá que devolver.
Por todo ello, IU exige al Alcalde que paralice de inmediato la mencionada operación de tesorería, y que sea la próxima Corporación la que tome decisiones al respecto.