El portavoz de Obras Públicas y Transportes de IU en las Cortes de Aragón, Miguel Aso, llevará ante el Pleno de las Cortes la situación en la que se encuentra la autopista autonómica ARA A-1, que se encuentra en preconcurso de acreedores. Para ello, formulará una interpelación del consejero del ramo, Rafael Fernández de Alarcón, con el objetivo de que informe de la política del Gobierno en Aragón en materia de carreteras y planificación viaria y, en concreto, sobre la gestión, mantenimiento y conservación de las autopistas autonómicas.
La ARA A-1 es la primera autopista autonómica aragonesa y tiene un tramo de 5,3 kilómetros inaugurado en 2008 para unir la N-232 y la A-2 mediante un largo puente sobre el río Ebro. “Ahora está al borde de la quiebra y el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida que conozcamos para solucionar la situación cuando tiene la competencia exclusiva en materia de carreteras y otras vías cuando su itinerario transcurra íntegramente por territorio aragonés”, explica Aso.
Cabe recordar que el Gobierno de Aragón estaba negociando con la empresa rescatar esta autopista. Un rescate al que IU se opuso porque podría suponer un coste de 45 millones de euros que deberá pagar el Gobierno de Aragón. Para Aso, la solución no es inyectar dinero público a esta infraestructura, “hay otras soluciones, como negociar con las entidades financieras y concesionaria nuevos plazos y condiciones de amortización, en vez del rescate negociado”.
IU muestra su preocupación por que considera que el Gobierno PP-PAR está solucionando los “graves errores” del ejecutivo PSOE-PAR, como fueron el Plan Red o esta Autopista Autonómica, “pagando a las constructoras millonarias indemnizaciones, aun cuando las mismas, como fue el caso del Plan Red, no hayan podido asumir sus responsabilidades con los aragoneses por falta de financiación”.
Aso finaliza diciendo que “lamentamos que ,casos como estos, se resuelvan por Rudi con relativa inmediatez, pagando indemnizaciones millonarias a las constructoras, mientras no dejan de recortarse servicios públicos esenciales en el día a día de la ciudadanía y esto aun cuando es evidente que la iniciativa privada debe asumir su parte de responsabilidad, su riesgo y ventura en lo que esperaban era un negocio, que como ya advertimos en su día, ha sido un fracaso económico cuyas pérdidas no pueden ir a cargo de la ciudadanía aragonesa”.