La diputada de IU y portavoz de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Patricia Luquin, interpelará ante el Pleno al consejero de ramo, Ricardo Oliván, en relación con la política del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad y, más en concreto, en todo lo relacionado a la discapacidad intelectual y a la  parálisis cerebral.

La diputada de IU y la Coordinadora del grupo parlamentario de IU en las Cortes, Paloma Lafuente, han mantenido esta mañana un encuentro con representantes de las asociaciones que integran el Observatorio de la Discapacidad Intelectual (Oadi), dentro de la ronda de reuniones de trabajo que estas asociaciones están manteniendo con los grupos parlamentarios para explicar la situación en la que se encuentran en estos momentos las personas con discapacidad intelectual y las personas con parálisis cerebral.

Patricia Luquin recuerda que el artículo 71 del Estatuto de Autonomía recoge las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de acción social, “que comprende entre otras cuestiones, el desarrollo de los servicios públicos y la atención y  la protección entre otras colectivos necesitados de protección especial, a  las personas con discapacidad”.

“En Aragón, -señala- hay miles de personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral que necesitan una serie de prestaciones y cuidados especiales dada la propia vulnerabilidad  del colectivo de personas con discapacidad intelectual, así como, las personas con parálisis cerebral”.

“Estamos muy preocupados ante los problemas que denuncian estas asociaciones”,  explica Luquin, quien advierte “que los recortes y la disminución de las ayudas del Gobierno de Aragón ponen en serio peligro el futuro de estos colectivos y la atención a los 7.000 discapacitados/as intelectuales aragoneses/as”.

A su entender, “si en 2012 estas asociaciones ya vieron reducida de manera drástica las subvenciones y el número de plazas concertadas, que les llevó a hacer ajustes en las plantillas, el presupuesto para 2013 del departamento de Sanidad y Bienestar Social rebela que la situación será dramática e insostenible”. Por ello, Luquin reclama a Oliván que asegure los recursos suficientes a corto, medio y largo plazo, para que estas asociaciones puedan realizar unas prestaciones adecuadas a las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.

Para Luquin, “cada día vemos más claro que las medidas del PP no ahorran dinero, sino que hace que es que unas determinadas personas tengan derecho a unas serie de prestaciones, y otras no y fomentan que en nuestra sociedad haya ciudadanos de primera y de segunda categoría”.