La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decidirá hoy si da o no el visto bueno al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá. Desde IU Aragón señalan que “hoy es una fecha clave porque sabremos si los socialdemócratas europeos vuelven al redil de la Gran Coalición PP-PSOE, o no”.
Por otra parte, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, asistirá a la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea que tendrá lugar en el Senado. Una reunión que, para la portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, “llega tarde”, porque la firma de este tratado supondrá “restricciones a la capacidad de los gobiernos autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal a menudo se ven obligados a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales”.
“En el documento –continúa la diputada- hay un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación y que podrían afectan negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de Aragón y de las autoridades provinciales y municipales”.
Esta situación será consecuencia de la decisión adoptada por la UE, que ha impuesto la ratificación preventiva del CETA desde las instituciones comunitarias, antes de pasar por los parlamentos de los Estados miembros. “Es una medida que consideramos antidemocrática y que tiene claramente mucho que ver con el retraso en la aprobación, tras las reservas mostradas por el Parlamento de Valonia”, recuerda Luquin.
“Los gobiernos europeos y las instituciones deben tener presente que, si siguen adelante, estarán firmando un tratado con Canadá en contra de la ciudadanía a la que dicen representar, porque recorta derechos, precariza el empleo y agrede al medio ambiente”, advierte.
IU Aragón defiende una UE basada en la soberanía popular, los servicios públicos y los derechos laborales. “Sin embargo, enfrente tenemos un bloque, el PP-PSOE, que pretende acabar con esto para siempre a través de la eliminación de la capacidad regulatoria de los Estados, entregando así la soberanía a las grandes corporaciones”, asevera.
Desde Izquierda Unida anuncian que las movilizaciones contra unos acuerdos comerciales “opacos” que supondrán una merma real en los derechos y condiciones de vida de todos y todas, continuarán, en la calle y en las instituciones, ya que este tratado alterará las bases de los Estados miembros y de los Gobierno autonómicos y municipales de manera permanente.