Antecedentes
En materia de derechos humanos, en Honduras se registran desapariciones forzosas y muertes violentas con características de ejecución, persecución, coacción y amenazas directas, especialmente tras los sucesos de junio de 2009 cuando se produjo el golpe de estado que acabó con el gobierno de MANUEL Zelaya. Muchos de los dirigentes campesinos y líderes campesinas de las organizaciones nacionales han sido torturados y asesinados mientras que otros y otras están siendo procesados por conflictos agrarios como los que están enfrentando a uno de los grandes hacendados del país, Miguel Facussé, con el MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) en una disputa de miles de hectáreas de tierras y que han dejado un saldo de 60 campesinos asesinados entre los años 2009 al 2012.
En el valle del Aguán existe, además, una situación de escandalosa impunidad al no registrarse proceso judicial alguno que investigue estas muertes a manos de los sicarios de los terratenientes locales especialmente ligados al cultivo de la palma africana y que, además, desde hace tiempo vienen siendo señalados por su vínculo con el narcotráfico. La persecución y la criminalización de las demandas del movimiento campesino han sido los instrumentos empleados para controlar y reprimir el crecimiento de la organización social y para frenar las luchas por el derecho a la tierra, los derechos humanos, ciudadanos y ambientales y que cobran hoy más fuerza en Honduras apoyadas por los sectores golpistas más reaccionarios y favorecidas por unos medios de comunicación parcializados casi en su totalidad.
Elecciones nulas
Preocupada por la situación existente en el país en relación a los derechos humanos, la Vía Campesina de Honduras realizó, el pasado mes de agosto, un llamamiento a organizaciones e instituciones internacionales para que realizaran una labor de observación y monitoreo de derechos humanos en Honduras en el marco del proceso electoral que culminó el pasado 24 de noviembre. Respondiendo a esta demanda se conformó una delegación con representantes de movimientos sociales, cargos públicos, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de solidaridad internacional, entre los que se encontraba el que escribe en representación de IU.
Durante nuestra estancia en este país hemos tenido ocasión de conocer de primera mano testimonios de familiares de víctimas de ataques por parte de cuerpos militares y paramilitares. Especialmente preocupante para la delegación son las violencias que sufren campesinas y campesinos. Así ocurrió con el asesinato de Amparo Pineda y Julio Romero, líderes comunitarios de la localidad de Cantarranas, municipio de San Juan de Flores del departamento de Morazán, y pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, una de las organizaciones integrantes de la Vía Campesina de Honduras. Varios hombres encapuchados y con armas de alto calibre les asesinaron brutalmente cuando regresaban de una capacitación electoral a 12 horas del inicio de las elecciones.
La lucha por el derecho a la tierra y la defensa de los recursos naturales de los pueblos, especialmente en el valle del Aguán, se ha cobrado en los últimos años numerosas víctimas. Constatando la impunidad sistemática que se ha instalado en las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia, hemos sido testigos de las ansias democráticas del pueblo hondureño y del deseo de conseguir elementos fundamentales para el desarrollo de una vida digna (educación, salud, empleo, soberanía alimentaria, etc.) que posibilite un avance real de los derechos políticos y sociales y una democracia participativa en este país.
El número de personas que viven bajo condiciones de pobreza extrema se mantiene en el 44%. En un país de 8 millones de habitantes, el 52% de la población pertenece al sector agrícola y ganadero y el 72% de la población rural es pobre. Honduras es el segundo país más bajo en renta per cápita de Centroamérica.
En cuanto al proceso de observación electoral, la delegación internacional fue acreditada por el Tribunal Supremo electoral para verificar la transparencia del proceso. En el transcurso del mismo se mantuvo una práctica activa en aproximadamente 400 mesas electorales. Varias delegaciones de observación internacional y nacional hemos denunciado irregularidades en un proceso electoral marcado por la corrupción y la injerencia de las instituciones estatales controladas por el partido nacional. El tráfico de credenciales o las falsedades en la transmisión del resultado del escrutinio son algunas de las evidencias que dan tristemente continuidad a una tradición histórica de fraude en las urnas.
En este contexto de manipulación, las anomalías detectadas por esta delegación en el proceso de transmisión de dichas actas y las denuncias presentadas por dos de los partidos participantes (Partido Anticorrupción, PAC, y Partido Libertad y Refundación de Honduras, LIBRE) y por un gran número de personas votantes, hacen imprescindible que el Tribunal Supremo electoral investigue todas las irregularidades y que aporte cuanto antes información sobre los resultados basándose en los datos reales de las actas y solvente todas las denuncias presentadas antes de emitir los resultados definitivos.
Los hechos denunciados son especialmente graves debido al sólido compromiso mostrado por el pueblo hondureño con un proceso democrático justo y pacífico.
Nuestra conclusión es que el proceso electoral no ha sido suficientemente transparente y, por el contrario, lo consideramos un “fraude institucionalizado” que sitúa al país en un escenario preocupante.
Eduardo Navarro Villarreal, Observador Internacional en las elecciones celebradas en Honduras el pasado 24 de Noviembre.